Perú extendió el sábado el estado de emergencia por 30 días en las regiones de Lima, Cusco, Callao y Puno, según una norma publicada en una edición extraordinaria digital del diario oficial El Peruano.
La medida, que rige desde el 15 de enero, suspende ciertos derechos fundamentales de los ciudadanos. De hecho, el estado de emergencia suspende los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio, así como las libertades de tránsito, reunión y seguridad personales.
Boluarte dijo que busca resguardar el orden público en medio de las protestas que piden su renuncia tras la destitución de su antecesor, Pedro Castillo.
En efecto, la Policía mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas para contener posibles incidentes.
Las protestas contra Boluarte siguen expandiéndose con nuevas movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías en 33 provincias, la mayoría de regiones del sur del país, tal como dio a conocer la Defensoría del Pueblo.
Hasta el momento, 49 personas han muerto en las protestas, que exigen, además de la renuncia de Boluarte, un adelanto de elecciones generales, el cierre del Congreso y la puesta en libertad de Castillo, quien fue depuesto en diciembre y permanece en prisión preventiva por 18 meses, mientras que es investigado por presunta rebelión.
Boluarte pidió el viernes “perdón”, si su Gobierno se “equivocó en encontrar la paz y la calma”, pero afirmó que no renunciará, pese a las sangrientas protestas.
Represión del Gobierno de Boluarte expone violaciones a derechos humanos
El portal de periodismo OjoPúblico, tras analizar una serie de imágenes, testimonios, manuales policiales y necropsias, ha advertido este domingo de graves vulneraciones a los derechos humanos durante la represión de los policías y militares, principalmente en las regiones del sur de Perú.
De acuerdo a la información, en las protestas se registraron, además del uso de perdigones y bombas lacrimógenas a la cabeza y el tórax, disparos de fusiles AKM y galil.
“La historia hemisférica demuestra que la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello, debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna, ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos”, indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), citada por OjoPúblico.
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