A través de su cuenta en Twitter, el Ministerio Público peruano informó el viernes que “dispuso realizar diligencias previas respecto a las denuncias presentadas contra la presidenta de la República, Dina Boluarte”, con el objetivo de “investigar las muertes ocurridas durante las manifestaciones realizadas en diciembre de 2022”.
También son investigados el actual primer ministro peruano, Alberto Otárola, por su rol como titular de Defensa hasta el 21 de diciembre; su antecesor en el equipo ministerial, Pedro Angulo, y el anterior ministro del Interior, César Cervantes, entre otros.
Las denuncias tienen como objeto investigar las muertes ocurridas durante las manifestaciones realizadas en diciembre de 2022.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 6, 2023
La pesquisa, a cargo de la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, responde a las denuncias penales presentadas en diciembre por cuatro abogados del departamento de Ayacucho (sur), donde ocurrieron la mayoría de las muertes.
Desde el 7 de diciembre, grupos y organizaciones sociales se manifiestan en distintas regiones de Perú contra el gobierno de Boluarte, quien declaró estado de emergencia y sacó a los militares a las calles. Se produjeron enfrentamientos, y los uniformados recurrieron a la represión, causando la muerte a al menos 28 civiles y heridas a otros 200.
¿Cómo reaccionó Boluarte?
La Presidencia de Perú informó que la mandataria “saluda la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias previas respecto a los hechos ocurridos durante las manifestaciones de diciembre” y aseguró que “dará todas las facilidades para el pronto esclarecimiento de los hechos”.
¿Cómo se inició esta nueva crisis política en Perú?
El presidente peruano Pedro Castillo, que gobernaba desde julio de 2021 en medio de una embestida de la derecha, fue destituido por el Congreso el 7 de diciembre por un discurso en que ordenó disolver el órgano legislativo. Boluarte era vicepresidenta y fue elegida en la misma lista electoral con su antecesor. El Parlamento la juramentó como presidenta ese mismo día por ser sucesora constitucional.
Entre tanto, la policía detuvo al mandatario Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva por 18 meses mientras las autoridades lo investigan por presunta rebelión y conspiración.
Desde entonces, gremios y organizaciones indígenas y campesinas de diversas regiones, en particular del sur, se manifiestan para exigir la dimisión de Boluarte, el cierre del Congreso, llamado a elecciones anticipadas y la formación de una asamblea constituyente. Tras una tregua por fiestas de fin de año, los manifestantes han retomado las protestas.
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