Sin embargo, encuentra el rechazo desde las comunidades aledañas que, mediante distintas acciones, se oponen a ser expulsados de los territorios que han habitado durante años para que allí se cree un lago artificial.
Desde las comunidades aledañas a la cuenca del Río Indio, miembros de la Coordinadora Campesina por la Vida viajaron a la Ciudad de Panamá este 31 de julio, para interponer una demanda de inconstitucionalidad en contra de la resolución 1542 de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que establece la creación de un reservorio de agua para el funcionamiento de la vía marítima y el abastecimiento de la población.
Las infracciones incluirían el desconocimiento del Acuerdo de Escazú, referente a un proceso libre e informado; entre otros desacatos de tratados internacionales suscritos por Panamá en materia de derechos humanos y ambientales.
El proyecto que se desarrollará en un espacio de 7000 mil hectáreas contemplaría 4600 para la creación de un lago artificial, capaz de sostener el tránsito de entre 11 y 15 buques diarios por el Canal de Panamá; pero la iniciativa es rechazada por el alto impacto que tendría sobre miles de personas arraigadas a ese territorio.
Mientras la ACP se aproxima a presentar el informe del censo para avanzar con los reasentamientos organizaciones como la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) consideran que el proyecto carece de elementos necesarios que lo catapulten como la única opción para hacer frente a la necesidad del agua.
John Alonso, Ciudad de Panamá.
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