• Expertos de CIDH en México para abordar el tema de desaparición forzada. 12 de marzo de 2015
Publicada: viernes, 13 de marzo de 2015 11:08

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el jueves al Senado de México aprobar una ley general de derechos humanos que prevenga y sancione la desaparición forzada de personas.

En un encuentro mantenido con varios legisladores mexicanos, los expertos de la CIDH expusieron su preocupación por “lo que hace el Estado mexicano para contar con una ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas”.

En tanto, los legisladores mexicanos aseguraron a los expertos que adelantarán las propuestas legislativas para adoptar las convenciones internacionales sobre el tema de la desaparición forzada a fin de prevenir hechos como los de Ayotzinapa.

Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, explicó los esfuerzos de los senadores mexicanos para adecuarse al marco internacional “en la materia y unificar protocolos de investigación” y dijo que acogerán con beneplácito las recomendaciones de la CIDH al respecto.

La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, rememoró que tal medida también dependerá de la voluntad política del Gobierno y su Partido de la Revolución Institucional (PRI), para ejecutar la iniciativa del Senado a fin de cumplir con las normativas para detener la desaparición forzada.

“La intención de estos, expertas y expertos, es conocer y saber lo que estamos haciendo en el Senado de la República en materia de desaparición forzada de personas. La preocupación que ellos tienen es acerca de lo que hace el Estado mexicano para la armonización de las convenciones y, por supuesto, en materia de desaparición forzada de personas, qué es lo que estamos trabajando”, expresó.

A finales de septiembre de 2014, un grupo de policías locales disparó contra los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero (sur), causando la muerte de seis.

Después, los agentes capturaron a 43 jóvenes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que asegura haberlos asesinado e incinerado en un basurero, aunque solo un cuerpo ha sido identificado hasta la fecha.

Este hecho ha provocado profunda conmoción a nivel nacional e internacional y la condena de organizaciones de derechos humanos.

A principios de marzo, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, reconoció que existe una sensación de “incredulidad y desconfianza” entre los mexicanos por el caso de Ayotzinapa.

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