“En la medida en que los acuerdos comerciales entran dentro de la competencia de la UE, la Comisión considera que no hay ningún requisito que obligue a los Estados miembros a ratificarlos individualmente”, considera la comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmström, en una respuesta por carta a la eurodiputada española Marina Albiol, difundida este martes por el diario electrónico Público.
En la medida en que los acuerdos comerciales entran dentro de la competencia de la UE, la Comisión considera que no hay ningún requisito que obligue a los Estados miembros a ratificarlos individualmente”, escribe la comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmström.
Albiol, portavoz en la Eurocámara de La Izquierda Plural, alega sin embargo que los Parlamentos sí tienen derecho a aprobar o rechazar tales tratados, cuyas consecuencias pueden ser dramáticas para la vida corriente de los ciudadanos afectados.
“La ley dice que cualquier acuerdo mixto requiere la aprobación de los Estados, algunos tienen establecido incluso un referéndum vinculante para ratificarlos, y otros podrían hacerlo si así lo quisieran”, señala Albiol.
Por mixto, se refiere a los acuerdos sobre competencias que los Estados comparten con la UE, que incluyen la protección de los consumidores, el medioambiente, la política social y la energía, entre otros.
La ley dice que cualquier acuerdo mixto requiere la aprobación de los Estados, algunos tienen establecido incluso un referéndum vinculante para ratificarlos, y otros podrían hacerlo si así lo quisieran”, afirma Marina Albiol, eurodiputada de La Izquierda Plural.
“Estamos hablando de algo que casi es más equiparable a la Constitución Europea que a un tratado comercial. Va mucho más allá, y tiene una parte política importante”, denuncia la eurodiputada de Izquierda Unida, que considera que la nueva alianza con Washington hará imposible elegir una política de izquierdas.
En opinión de Albiol, la Comisión está “atacando la soberanía de los Estados porque quiere evitar que haya debate, que el acuerdo llegue a la ciudadanía”. Militantes contra estos tratados opinan que para impedir que se firmen, bastaría con dar a conocer a la ciudadanía las implicaciones que tienen.
El qué más oposición ha suscitado —pese al extremo secretismo de Bruselas y Washington— es el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés), que ha sido calificado por representantes del partido español Podemos de “golpe de Estado encubierto” de las grandes empresas transnacionales.
Estamos hablando de algo que casi es más equiparable a la Constitución Europea que a un tratado comercial. Va mucho más allá, y tiene una parte política importante”, añade Albiol.
Ayer mismo, lunes 28 de septiembre, el ministro francés de Comercio, Matthias Fekl, avisó de que la negociación podría darse por terminada a causa del control estadounidense de la información, a la vez que el presidente de EE.UU., Barack Obama, ha ordenado que se aceleren los trámites.
La campaña ciudadana contra el acuerdo de desregulación comercial entre Estados Unidos y la UE ha recogido cerca de 3 millones de firmas, cuando queda poco más de 7 días para sumarse al manifiesto.
Los otros dos tratados en cuestión son el Acuerdo de Comercio de Servicios (TiSA, por sus siglas en inglés) —en el que entrarían, entre otros países, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú y Paraguay—, y el Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA, por sus siglas en inglés), entre Canadá y la UE.
mla/anz/rba
