"Seguiremos como siempre defendiendo algo que está en nuestros genes y en nuestro ADN, y desde luego, en España la ley se cumple. España es un Estado de Derecho, la Justicia es independiente y todos somos iguales ante la ley, sean quienes sean", aseveró el sábado el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, en un acto del Partido Popular (PP) celebrado en Toledo (a unos 75 km al sur de la capital Madrid).
Seguiremos como siempre defendiendo algo que está en nuestros genes y en nuestro ADN, y desde luego, en España la ley se cumple. España es un Estado de Derecho, la Justicia es independiente y todos somos iguales ante la ley, sean quienes sean", aseveró el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy.
Rajoy recordó que el pasado 12 de octubre (Fiesta Nacional) todos los españoles celebraron lo que les une y lo que tienen en común: "Y lo que tenemos en común es el orgullo de pertenecer a un país que no es cualquier cosa. Somos españoles, somos ciudadanos de uno de los países más importantes de la historia", recalcó.
En este contexto, el mandatario español no dudó en indicar que España "no es un invento de ayer" sino que es la "primera nación que consiguió su unidad en Europa" y advirtió que no está dispuesta a que se juegue con lo que es de todos, en clara referencia al proceso soberanista abierto en Cataluña (región en noreste del país europeo).
En este sentido, Rajoy está valorando suspender la autonomía de la Comunidad de Cataluña, ya que según La Moncloa (sede presidencial, en Madrid), creen que Artur Mas, se ha superado a sí mismo, según el diario El Mundo.
Ante el reto del independentismo catalán, el Ejecutivo de Rajoy engrasa los mecanismos necesarios y estudia las posibilidades de aplicar el artículo 155 de la Constitución española que contempla la permisión de arrebatar competencias a la Comunidad Autónoma, lo que llevado al límite implicaría de facto la suspensión de la autonomía.
El Gobierno español hace unas semanas pensaba que en ningún caso tendría que llegar a utilizar este artículo, pero viendo que no hay marcha atrás en las pretensiones de independentismo catalán, se ha visto obligado a volver a replantearse esta idea, y el viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría avisó que: "no todos los preceptos de la Constitución requieren un desarrollo legislativo para activarse".
El pasado 15 de octubre el presidente de la Generalitat asumió ante un juez la “máxima responsabilidad” de la consulta impulsada el 9 de noviembre de 2014 sobre la independencia de Cataluña.
Esto fue después de que el pasado 27 de septiembre, los partidos que impulsan la independencia de la región catalana proclamasen la victoria en las elecciones parlamentarias, a las que se les había dado carácter de plebiscito para la secesión.
El proyecto independentista catalán ganó ímpetu con una multitudinaria manifestación en Barcelona, en septiembre de 2012, y alcanzó su clímax el pasado 9 de noviembre, cuando una consulta popular informal congregó a 2,3 millones de personas para votar a favor de la independencia.
A pesar de que para los partidos independentistas, la votación fue un acto de libertad y de desafío ante un Estado que consideran antidemocrático, el Ejecutivo del presidente del Gobierno español recalca que solo el conjunto de los españoles es soberano para pronunciarse sobre el futuro de una de las 17 regiones que conforman España.
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