Los servicios públicos de la Generalitat de Cataluña siguen funcionando pero no de manera normal, según los funcionarios. El personal de la Administración catalana ha denunciado perjuicios en su trabajo diario al estar bajo el control del Gobierno de España y ha reclamado el fin de la aplicación del artículo 155.
Movilizados por primera vez de manera unitaria desde el inicio de la intervención, los funcionarios han mostrado su descontento por obedecer órdenes directas de Madrid y han exigido la libertad de los presos políticos. A su vez, han exhibido su lealtad al Ejecutivo de Carles Puigdemont.
Más de 1000 juristas han avalado el calificativo de presos políticos para los líderes independentistas encarcelados y han denunciado la vulneración de derechos básicos y de la propia Constitución, calificándolo como golpe al Estado de derecho.
Los juristas han anunciado acciones judiciales internacionales y han mostrado su apoyo a los familiares de los presos. Mientras los encarcelados han empezado a acatar el 155 para intentar así poder salir de la cárcel.
En los últimos días, los partidos independentistas han acusado al Estado de amenazarles con muertos en la calle si se resistían al 155. Aunque el Gobierno español lo ha desmentido categóricamente, es obvio que cada partido busca ahora, en plena precampaña hacia las elecciones del 21 de diciembre, la mejor manera para justificar sus decisiones. Las formaciones soberanistas, por su parte, siguen negociando puntos comunes de sus programas electorales, después de asumir que concurren por separado.
Oriol Puig, Barcelona.
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