El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras obtiene la pena más alta, 13 años, por sedición y malversación en las jornadas que condujeron al referéndum ilegal del 1-O en Cataluña.
Los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa reciben penas de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta también por un delito de sedición y otro de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.
También han condenado por sedición a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell a las penas de prisión de 11 años y 6 meses e igual tiempo de inhabilitación absoluta. Y a los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull, a 10 años y medio de prisión.
Sobre los entonces líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, recaen penas de 9 años de prisión y un mismo periodo de inhabilitación.
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Los tres exconsejeros Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, por un delito de desobediencia, enfrentan penas de 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial, no así por el de malversación, del que también estaban acusados, al considerar el tribunal que no queda probado que desviaran fondos públicos de sus Conserjerías.
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Ante este fallo judicial, los dirigentes de la ANC, han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que respondan “masivamente y de manera no violenta” a la sentencia del Tribunal Supremo, que condena al que en el momento de los hechos era el presidente de dicha Asamblea, Jordi Sánchez.
Òmnium Cultural también ha pedido a la ciudadanía que se movilice para responder a la sentencia del juicio del proceso soberanista, que condena a su todavía presidente Jordi Cuixart.
Los enjuiciados estaban acusados de rebelión, pero la Corte Suprema ha considerado que, aun cuando en el otoño de 2017 se registraron en Cataluña “indiscutibles episodios de violencia”, estos no bastan para condenar a los líderes independentistas por rebelión.
El delito de sedición se impone a los nueve acusados que están en prisión preventiva y a los que la Fiscalía consideraba líderes de la rebelión. La decisión del Supremo de no condenarlos por un delito de rebelión implica una importante reducción de pena respecto a la que pedía el Ministerio público español.
El tema de la independencia de la región autonómica catalana del Estado español ha suscitado una gran polémica desde el plebiscito de octubre de 2017, la posterior declaración de la independencia de Cataluña por el Ejecutivo regional, presidido por el entonces Carles Puigdemont, y, en consecuencia, la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el Gobierno español.
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