• El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy (izda.), junto a su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Senado, 27 de octubre de 2017.
Publicada: lunes, 29 de enero de 2018 2:39
Actualizada: lunes, 29 de enero de 2018 16:20

El Ejecutivo español entró en pánico ayer sábado ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) no opusiera obstáculos a la reinvestidura como presidente autonómico catalán del independentista Carles Puigdemont, confían a ‘El País’ fuentes cercanas al Gobierno de Mariano Rajoy.

“No hubo presiones porque ningún miembro del Tribunal Constitucional lo permitiría, pero sí trasladaron el dramático cuadro en el que quedarían enmarcadas las instituciones democráticas con Puigdemont investido y obligadas a actuar después”, han declarado fuentes “conocedoras de las intenciones” del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, citadas hoy lunes por el diario madrileño.

El Ejecutivo llevó al TC un recurso de impugnación de la sesión de investidura del expresidente de la Generalidad prevista para el martes pese a que el Consejo de Estado del país europeo había informado de que no veía argumentos para hacerlo de modo preventivo, lo que hizo que, desde Bruselas (capital belga), Puigdemont exigiera la dimisión de la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Además, el Constitucional español tampoco veía claros los fundamentos de la pretensión del Gobierno de Rajoy, necesitando horas de discusión para hallar finalmente un consenso —no cancelar la sesión, pero exigir que sea presencial— sólo después de que, según las fuentes de El País, el Ejecutivo “apelara a razones de Estado”.

La revelación de esa división persistente entre los magistrados del TC —causa de ese nerviosismo del Gobierno español, que desencadenó esa apelación y acaso motivara la prohibición final de investidura telemática buscada por los secesionistas— ha sido criticada por juristas como el exletrado del Constitucional Joaquín Urias, que el sábado denunciaba “delito” y lamentaba que “nadie lo va a investigar”.

No hubo presiones porque ningún miembro del Tribunal Constitucional lo permitiría, pero sí trasladaron el dramático cuadro en el que quedarían enmarcadas las instituciones democráticas con Puigdemont investido y obligadas a actuar después”, señalan fuentes del diario ‘El País’ cercanas al Gobierno español.

 

Anteriormente pese a negarse que hubiera “presiones”, las fuentes de El País reconocen “contactos entre miembros del Gobierno y del Tribunal Constitucional” ya “antes de que los magistrados se reunieran”, en los que el propio Rajoy transmitió “la grave situación en la que se ponía al Estado si se permitía que el expresidente de la Generalitat resultara investido”.

La reticencia de algunos jueces españoles a aceptar los argumentos gubernamentales contra la intención del Parlamento regional catalán a investir a Puigdemont se basan en particular, añade el periódico, en la probabilidad de que los separatistas recurran las decisiones de la Administración central al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por violación de derechos fundamentales.

Esta eventualidad es de hecho mencionada a menudo, ya desde antes del plebiscito “ilegal” del 1 de octubre, en círculos políticos españoles que denunciaban que Madrid venía suspendiendo de facto la autonomía catalana sin decirlo y que tampoco lo hizo al destituir al Gobierno autonómico el 27 de octubre, lo que según diversos juristas no permitiría el artículo constitucional 155 esgrimido por el Gobierno.

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