El fallo, emitido este miércoles, ha generado críticas internacionales hacia las prácticas del Reino Unido en materia de exportación de armas.
La demanda fue presentada por Al-Haq, una organización palestina de derechos humanos, contra el Departamento de Negocios y Comercio, cuestionando la exención del gobierno que permite enviar piezas del F-35 a Israel a través de una red global de suministro.
En septiembre de 2024, el gobierno británico suspendió 30 licencias de exportación de materiales que podrían ser utilizados por las fuerzas israelíes en Gaza, al reconocer el riesgo de que dichas armas contribuyeran a violaciones graves del derecho internacional humanitario. Sin embargo, mantuvo el suministro de componentes del F-35, priorizando las alianzas militares sobre la rendición de cuentas por crímenes masivos.
Al-Haq argumentó que los F-35 israelíes desempeñaron un papel central en el genocidio de Gaza, y que la exención británica fortaleció directamente la capacidad del régimen israelí para cometer atrocidades contra los palestinos.
El gobierno británico respondió que retirarse del programa conjunto del F-35 tendría un “impacto profundo e inmediato” en la seguridad nacional y podría minar la confianza de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el Reino Unido.
Aunque los jueces reconocieron que las piezas podrían emplearse en violaciones del derecho internacional, afirmaron que tales decisiones corresponden al Poder Ejecutivo, responsable ante el Parlamento y, en última instancia, ante el electorado, no a los tribunales.
En este contexto, la abogada Sara Elizabeth Dill, experta en derecho internacional y miembro del Comité de Crímenes de Guerra de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés), condenó la decisión, señalando que “plantea serias dudas sobre quién puede exigir responsabilidad al gobierno británico respecto a sus obligaciones internacionales, cuando los tribunales declaran el asunto fuera de su alcance”.
La causa reveló detalles sobre cómo el Reino Unido evaluó el cumplimiento de Israel con el derecho humanitario internacional durante la ofensiva en Gaza. Para julio de 2024, nueve meses después del inicio de la ofensiva israelí, el gobierno británico concluyó que, aunque Israel “podría haber violado” el derecho internacional humanitario, “no existía un riesgo serio de genocidio”.
De 413 incidentes analizados, Londres determinó que Israel solo había infringido el derecho internacional en “un caso”, el ataque del 1 de abril de 2024 contra un convoy de World Central Kitchen, donde murieron siete cooperantes extranjeros. Los jueces se negaron a revisar esta conclusión.
“Ha habido miles de ataques, no casos aislados, sino patrones evidentes… Cuando se destruye todo un sistema sanitario, educativo, cuando el 90% de los edificios queda arrasado y la población es desplazada repetidamente, las conclusiones son claras”, declaró Jennine Walker, abogada de la Red Global de Acción Legal (GLAN, por sus siglas en inglés), que representa a Al-Haq.
Tanto las Naciones Unidas como numerosas organizaciones internacionales han calificado las acciones israelíes en Gaza de genocidas. En septiembre, la Asociación Internacional de Estudios sobre el Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés) confirmó que la guerra israelí en Gaza cumple con la definición legal de genocidio.
Israel enfrenta actualmente un caso abierto ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por crímenes de guerra. Durante los dos años de guerra genocida en Gaza, el régimen israelí ha asesinado a cerca de 70 000 palestinos, entre ellos 21 000 niños, y ha dejado más de 171 000 heridos. Pese al alto el fuego mediado por Estados Unidos en el pasado octubre, Israel continúa violando la tregua y ejecutando nuevos ataques que han causado decenas de muertos palestinos.
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