El Reino Unido cuenta con aproximadamente 3,5 millones de residentes de la Unión Europea (UE) quienes ven peligrar sus derechos tras el brexit. Las últimas evidencias las presenta el diputado laborista Paul Bloomfield a cuenta de la ONG ‘los 3 millones’, quienes han recogido varios ejemplos de discriminación hacia este colectivo, como ofertas de trabajo o alquileres que requieren de pasaporte británico o incluso marchar de vacaciones.
A pesar de que la Oficina de Igualdad del gobierno va a estudiar estas evidencias, las propuestas presentadas a Bruselas por parte del Ejecutivo de la primera ministra británica, Theresa May, sobre la situación de ciudadanos comunitarios en Reino Unido no invitan al optimismo. De cumplirse, todo ciudadano comunitario deberá solicitar un permiso de residencia, que solo para aquellos que lleven residiendo 5 años o más, será de carácter permanente.
La situación de ‘asentado’ recogida en la propuesta del gobierno significa la implementación de un proceso migratorio complejo para los más de 3 millones de residentes de la UE, la pérdida de derechos y de las garantías de justicia en caso de más fallos del sistema.
La propuesta del gobierno pretende restringir la inmigración desde la Unión Europea a trabajadores cualificados con una visa de 5 años, y a inmigrantes de baja cualificación con visados de tan solo dos años, y en función a la demanda laboral. El gobierno quiere acabar con la libertad de movimiento tras la entrada en vigor del brexit en marzo de 2019.
Ian Díez, Londres.
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