El 6 de julio de 2016, con varios años de retraso, la comisión parlamentaria que investigaba el rol del Reino Unido en la guerra de Irak, así como su legalidad, llegó a la conclusión de que los motivos que llevaron a la intervención, ejecución y planificación posterior para el Estado iraquí, fueron un error.
Ante este veredicto sin vinculación legal, y ante la presión pública, el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, admitía los hechos.
Tras la publicación del informe de Irak, familiares de varios soldados fallecidos en la guerra, reclamaron por la vía judicial. El último caso lo representa el jefe de personal del Ejército iraquí, quien acusa a Blair, al exministro de Exteriores británico Jack Straw y al ex fiscal general Lord Goldsmith, del delito de “agresión”.
El debate ahora gira en torno a quién toma esa decisión, si los juzgados o el Parlamento. Pero desde el Gobierno británico ya se ha hecho uso del actual fiscal general del Estado, Jeremy Wright, quien exige la desestimación del caso al tratarse de un crimen en la ley internacional pero no en la ley británica.
Este intento de evitar que Tony Blair vaya a juicio, lejos de ser un acto de nobleza entre partidos rivales, podría ser un acto de preservación, puesto que si un primer ministro se sienta en el banquillo de los acusados, serviría de precedente para que otros que le sucedan compartan la misma suerte.
Los abogados de la acusación particular piden una nueva vista que desafíe esta negativa. Su as en la manga, lo presenta uno de los acusados, Lord Goldsmith, quien mientras ocupó el cargo de fiscal general afirmó que el delito de agresión sí es un delito en la ley británica. La última palabra vendrá de los tribunales de justicia.
Ian Díez, Londres.
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