Las compañías Rockhopper Exploration Plc (británica) y Navitas Petroleum Development and Production Limited (israelí) anunciaron el miércoles un acuerdo de inversión para desarrollar el yacimiento “Sea Lion”, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a 218 kilómetros al norte del archipiélago de las Islas Malvinas.
El proyecto requeriría una inversión inicial de 1800 millones de dólares para alcanzar el “Primer Petróleo”, un hito que proyectan para el año 2028. La inversión total se estima en 2100 millones de dólares para una fase inicial de 35 años, según un comunicado emitido por ambas firmas.
Las reservas del yacimiento, según un informe de la consultora Netherland, Sewell & Associates, Inc., se estiman en 917 millones de barriles de petróleo.
El Gobierno argentino reaccionó duramente el jueves, calificando la medida como “unilateral e ilegítima”, porque se realiza “sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina”.
Mediante un comunicado, la Cancillería argentina recordó que las actividades de exploración y explotación de recursos en áreas en disputa contravienen resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la 2065 (XX) y la 31/49. Estas resoluciones reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e instan a ambas partes a reanudar negociaciones para una solución pacífica, algo a lo que Londres se ha negado sistemáticamente.
La nota denuncia que ambas firmas, tanto la británica Rockhopper, como la israelí Navitas, han sido sancionadas previamente por la Secretaría de Energía de la Nación, ambas fueron inhabilitadas para operar en Argentina por 20 años por operar sin autorización, la primera en 2013 y la segunda en 2022.
El Ministerio de Exteriores argentino lanzó una advertencia contundente contra todas las personas físicas o jurídicas que participen en el proyecto, diciendo que estarán expuestas a “medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales”.
El comunicado señala además que el desarrollo petrolero constituye “un nuevo acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles, teniendo en cuenta que se trata de recursos naturales no renovables”.
La Cancillería prometió profundizar “su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales, de conformidad con el derecho internacional, que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”.
Desde el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresamos nuestro pleno respaldo al comunicado de la @Cancilleria_Ar que rechaza la pretendida “Decisión Final de Inversión” anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper y… https://t.co/mjGHfujUNq
— Andrés Dachary (@ADachary) December 12, 2025
Desde el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur también condenaron la medida, pidiendo al Gobierno argentino tomar “todas las medidas diplomáticas, políticas y jurídicas que resulten necesarias para frenar este accionar ilegal”.
En esta línea, Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, hizo hincapié en que el pueblo argentino apoyará unánimemente cualquier medida que detenga la explotación ilegal de los recursos del país en las Malvinas, y reafirmó el “compromiso histórico e inquebrantable con la defensa de la soberanía argentina”.
La soberanía de las Malvinas, a unos 600 kilómetros de la costa sur argentina, es reclamada por el país sudamericano desde 1833. En 1982, la junta militar que gobernaba el país, inició una guerra con Reino Unido por la posesión de este territorio que terminó con una rotunda victoria británica.
Argentina considera que la administración británica del archipiélago es una ocupación ilegal de su territorio y ha contado con un amplio respaldo de la comunidad internacional, expresado tanto en las resoluciones posteriores de la Asamblea General, del Comité Especial de Descolonización —la más reciente de ellas adoptada el 18 de junio de 2024—, así como también en numerosas declaraciones de foros regionales y multilaterales.
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