El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, avanza en la organización del ejercicio militar “Daga Atlántica”, previsto para el 6 de abril de 2026. Las maniobras se realizarán junto a fuerzas de élite de Estados Unidos y representan el despliegue de operaciones especiales más significativo de los últimos 25 años en la zona.
El operativo incluirá la participación de unidades de los Boinas Verdes del Ejército, los Navy SEALs, el Comando de Operaciones Especiales del Cuerpo de Marines (MARSOC) y el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea (AFSOC).
“Daga Atlántica” ha generado cuestionamientos en torno al encuadre legal elegido por el Gobierno. Aunque la Constitución establece que el ingreso de fuerzas militares extranjeras debe contar con la aprobación del Congreso (artículo 75, inciso 28), sectores críticos advierten de la posibilidad de que se repita el procedimiento aplicado en 2025.
En 2025, Milei autorizó la “Operación Tridente” mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), permitiendo el ingreso de tropas estadounidenses para maniobras entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, con actividades concentradas en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, así como en distintos campos de instrucción marítimos y terrestres.
La firma del DNU ocurrió a pocos días de conocerse que el mandatario estadounidense, Donald Trump, ofreció a su par argentino un plan de apoyo financiero para enfrentar la crisis económica en la nación suramericana. El documento justificó la operación Tridente como un “recurso invaluable” para potenciar las capacidades nacionales.
La acción del mandatario generó rechazo, no solo porque lo hizo sin el aval del Congreso Nacional, sino también por las implicaciones geopolíticas.
Actualmente, un nuevo movimiento como el de 2025 ignoraría los reclamos de legisladores y gobernadores patagónicos. La diputada Agustina Propato advirtió que los ejercicios, como el que esperan ejecutar en abril, con aliados históricos del Reino Unido, debilitan la posición argentina sobre las islas Malvinas.
Aunque el Gobierno presenta el ejercicio como “modernización”, la sociedad muestra señales de alarma. Según la consultora Zuban Córdoba, el 71 % de los argentinos ve con recelo esta estrategia, interpretándola como una cesión de autonomía territorial, a cambio de inciertas promesas de inversión.
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