De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Gobierno de Argentina eliminó 63 234 puestos de trabajo del sector público entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. La cifra, confirmada por el director del organismo, Hernán Letcher, representa uno de los ajustes laborales estatales más profundos de las últimas décadas.
En declaraciones a una agencia internacional, Letcher sostuvo que “Desde que asumió Milei estamos hablando de más de 60 000 puestos de trabajo del sector público perdidos”, en referencia al programa de reducción del gasto impulsado por el presidente argentino Javier Milei.
Según el reporte, el empleo público nacional se contrajo 18,4 % en 24 meses, como resultado de despidos masivos, no renovación de contratos y reestructuraciones administrativas.
En octubre se destruyeron 17.900 puestos de trabajo registrados en el sector privado respecto de septiembre, consolidando 5 meses consecutivos de caída del empleo formal. En ese período, la pérdida acumulada asciende a 71.296 puestos de trabajo de calidad. pic.twitter.com/A4gHCZRIbF
— Centro CEPA (@ctroCEPA) January 14, 2026
La contracción se focalizó en áreas estratégicas del Estado. Los organismos descentralizados —entidades con autonomía técnica, administrativa y financiera— concentraron 20 537 despidos, lo que implicó una caída del 15 % de su personal. En este grupo se incluyen instituciones vinculadas a la regulación económica, servicios esenciales y políticas sociales.
En paralelo, el Poder Ejecutivo nacional registró el mayor ajuste en términos relativos. La administración centralizada redujo su plantilla en 16 918 trabajadores, una baja equivalente al 30,2 %.
El recorte también alcanzó a las dependencias del Gobierno central con presencia territorial en todo el país, donde se contabilizaron 3199 despidos, lo que representa una disminución del 12,8 %.
Estas medidas se inscriben en la estrategia económica del Ejecutivo, orientada a disminuir el gasto público, reducir el tamaño del Estado y avanzar en la liberalización de la economía, en línea con compromisos asumidos ante organismos financieros internacionales.
Analistas advierten que la magnitud del ajuste podría deteriorar la capacidad operativa del Estado y afectar la prestación de servicios públicos, al tiempo que profundiza la precarización laboral en un escenario marcado por la caída del poder adquisitivo, el aumento del desempleo y el crecimiento de los niveles de pobreza.
Como consecuencia del ajuste económico y de los recortes masivos en el sector público, crece el descontento social por la percepción de ineficiencia del Gobierno de Javier Milei. Sectores sindicales y ciudadanos advierten que las políticas de austeridad, aplicadas sin medidas de contención efectivas, han deteriorado los servicios públicos, profundizado la inseguridad laboral y aumentado la presión sobre el nivel de vida, ampliando la brecha entre las promesas oficiales y la realidad cotidiana de la población.
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