“Hace justo un año que los civiles en Líbano comenzaron a pagar un precio muy alto en el marco del conflicto, con ataques ilegales y mortales, y una gran destrucción a lo largo de toda la frontera”, ha indicado la subdirectora de Amnistía Internacional (AI) para Asia Occidental y el norte de África, Kristine Beckerle, en un comunicado publicado este martes.
Al señalar que el Gobierno libanés debe otorgar la jurisdicción necesaria al Tribunal Penal Internacional (TPI) para que “lleve a cabo sus investigaciones” en el país, Beckerle ha enfatizado que, debido a las agresiones del régimen de Israel, son muchas las personas que “no pueden regresar a lo que queda de sus viviendas”.
“Las víctimas de las violaciones del Derecho Internacional tienen todavía que encontrar una forma de reparación y de que se haga justicia”, ha declarado, al tiempo que ha recordado el ataque perpetrado por el régimen sionista hace justo un año, uno de los más mortíferos.
En total, se estima que unas 558 personas murieron, entre ellas 50 niños, y otras 1 800 resultaron heridas durante aquella jornada.
Además, ha señalado que en las semanas posteriores localidades enteras fueron “reducidas a escombros” y muchas familias libanesas tuvieron que huir, calificando los ataques del régimen sionista contra “edificios residenciales” como “crímenes de guerra”.
“Hemos documentado cómo las fuerzas israelíes perpetraron ataques ilegales contra edificios residenciales, matando a civiles. Estos ataques deben ser investigados como crímenes de guerra”, reza el texto.
Además, ha indicado que el ejército israelí impidió a decenas de personas regresar a sus ciudades tras destruir zonas sin que “hubiera un imperativo militar”.
“Cada familia desplazada tiene todo el derecho a volver a su hogar. Israel debe facilitar cuanto antes el regreso seguro y reparar a todas las víctimas de estos crímenes de guerra”, ha afirmado.
Al subrayar que el Gobierno libanés “debe tomar medidas y tratar de hacer justicia para todas las víctimas”, ha declarado que “las reparaciones, que tienen que incluir indemnizaciones, deben extenderse a las comunidades, los colegios, hospitales y otras infraestructuras civiles dañadas”.
Asimismo, ha insistido en que El Líbano debe aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) para que los delitos cometidos puedan ser perseguidos, y ha declarado que el país debe actuar para garantizar justicia para las víctimas.
Igualmente, ha señalado que los países que apoyan al régimen sionista, “especialmente Estados Unidos”, deben abstenerse de enviar armas a Israel para poner fin a sus crímenes regionales, advirtiendo que “estas armas pueden utilizarse para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional”.
El último ataque del régimen de Israel contra el Líbano tuvo lugar el domingo en la ciudad de Bint Jbeil, en el sur del país, donde un padre y sus tres hijos —dos de ellos niños— murieron, mientras que la madre y otra persona resultaron heridas.
El ataque contra Bint Jbeil se suma a más de 4 500 violaciones cometidas por Israel al alto el fuego acordado entre Hezbolá y el régimen israelí en noviembre de 2024.
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