“Ningún acuerdo diplomático puede cambiar los deberes legales de Israel (que se considera) un régimen ocupador bajo el derecho internacional y (los principios de) los derechos humanos, ni puede privar a los palestinos de sus derechos o el apoyo que les garantiza el derecho internacional”, señaló Amnistía Internacional (AI) en un mensaje emitido el viernes en su cuenta oficial de Twitter en lengua árabe.
La organización pro derechos humanos, de este modo, reaccionó al anuncio hecho el mismo viernes por el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien informó de que el rey bareiní, Hamad bin Isa Al Jalifa, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habían acordado normalizar relaciones.
Amnistía Internacional, no obstante, enfatizó que cualquier proceso destinado a lograr una paz en el conflicto israelí-palestino “debería incluir la eliminación de los asentamientos ilegales de Israel” en los territorios de Palestina.
El organismo, del mismo modo, resaltó la necesidad de “poner fin a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, el cumplimiento de la justicia y la indemnización de las víctimas de los crímenes” de los israelíes para que pueda lograr la paz.
Varias organizaciones pro derechos humanos han puesto el acento sobre la conducta criminal de la ocupación israelí en los territorios palestinos, donde las fuerzas israelíes cometen asesinatos, desalojos, destrucciones y bloqueo, así como prácticas de torturas, agresiones armadas, detenciones arbitrarias y redadas nocturnas.
Pese a tal historial, ciertos países árabes han normalizado u abogado, según señalan reportes, por normalizar lazos con el régimen de Tel Aviv. Al respecto, las autoridades palestinas han advertido en reiteradas ocasiones que la normalización de las relaciones entre países árabes y el régimen de Israel tiene como objetivo principal eliminar la causa palestina y dejar de lado los derechos del pueblo oprimido de Palestina.
Las voces en repudio del acercamiento al régimen sionista aumentaron, en concreto, tras el acuerdo de normalización alcanzado el 13 de agosto por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), con Estados Unidos como mediador.
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