En un fallo emitido en Boston, el juez William Young consideró que las acciones del Departamentos de Seguridad Nacional y de Estado bajo la administración del presidente Donald Trump constituyen una “represión escandalosa” y una “supresión inconstitucional de la libertad de expresión”.
El magistrado señaló que el gobierno estadounidense ha dirigido sus esfuerzos contra estudiantes extranjeros que apoyaban a los palestinos, con la intención de “sofocar las protestas estudiantiles propalestinas y generar miedo entre los estudiantes”, en medio del genocidio en Gaza.
En marzo pasado, las autoridades migratorias de Estados Unidos comenzaron a detener y tramitar la deportación de estudiantes extranjeros que participaron activamente en manifestaciones contra los ataques de Israel en Gaza.
Los estudiantes arrestados no enfrentaban cargos criminales, pero fueron recluidos durante semanas en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en muchos casos lejos de sus lugares de residencia.
La Administración Trump defendió las detenciones bajo el argumento de combatir el antisemitismo y sostuvo —sin aportar pruebas— que los estudiantes promovían la violencia o respaldaban al Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS).
Incluso sostuvo que los estudiantes extranjeros no tienen los mismos derechos de libertad de expresión que los ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, el juez federal William Young, fue tajante en su fallo: “Sí, lo tienen. La Primera Enmienda no hace la distinción ingrata del presidente Trump y no se encuentra en nuestra historia o jurisprudencia”, subrayó.
En este sentido, el juez citó casos emblemáticos de represión, como el de Rumeysa Ozturk, estudiante arrestada tras publicar un artículo crítico, y Mahmud Jalil, exalumno de Columbia, detenido por su rol en protestas propalestinas.
“Este juicio reveló el verdadero objetivo del gobierno: intimidar y silenciar a quienes se atreven a disentir. Si no actuamos, la maquinaria ideológica de Trump no se detendrá con las voces propalestinas; irá tras cualquiera que se atreva a hablar”, ha aseverado el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, Todd Wolfson.
El fallo se produjo tras un juicio en el que abogados de asociaciones académicas presentaron testigos que aseguraron que el gobierno de Trump había lanzado un esfuerzo coordinado para vigilar, hostigar y deportar a estudiantes y académicos que criticaban a Israel o expresaban solidaridad con la causa palestina.
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