Bahram Mohammad Ostovari, de 66 años, con residencia en Santa Mónica (California) y Teherán, fue detenido el jueves por la tarde a su llegada al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, informó el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado difundido el viernes.
Ostovari enfrenta una imputación federal de cuatro cargos: uno por conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés) y tres por su violación directa.
Según la acusación formal, Ostovari supuestamente exportó de manera ilícita tecnología electrónica sensible, incluyendo sistemas de señalización ferroviaria y telecomunicaciones, desde Estados Unidos a Irán. Estas tecnologías habrían sido entregadas posteriormente al Gobierno iraní para ser utilizadas en el sistema ferroviario nacional, según la narrativa de funcionarios norteamericanos.
Entre mayo de 2018 y julio de 2025, Ostovari y sus supuestos colaboradores habrían adquirido procesadores avanzados y componentes electrónicos restringidos, canalizando los envíos a través de dos empresas fachadas ubicadas en Emiratos Árabes Unidos bajo su control, según detalla la fiscalía de Estados Unidos.
La Oficina del Fiscal anunció que Ostovari y sus asociados supuestamente ocultaron intencionadamente a los proveedores de electrónica en Estados Unidos y en otros lugares que los artículos estaban destinados a Irán, declarando falsamente que las dos empresas en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) eran los usuarios finales.
Si llega a ser condenado, Ostovari enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión federal por cada cargo, según la Oficina del Fiscal de EE.UU.
Estados Unidos intensificó sus sanciones económicas contra Irán en 2018 tras la decisión del entonces también presidente Donald Trump de retirarse unilateralmente del Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés). Esta medida se tomó a pesar de la total adhesión de Teherán a todos sus compromisos nucleares bajo el acuerdo internacionalmente reconocido.
Los funcionarios iraníes han denunciado repetidamente estas sanciones como crueles e ilegales bajo el derecho internacional, argumentando que perjudican desproporcionadamente a los civiles al restringir el acceso a bienes esenciales y medicamentos, además de resultar políticamente ineficaces.
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