Durante años, las autoridades estadounidenses han condenado las políticas de los Gobiernos legítimos de Venezuela, Irán, Rusia y muchos otros países de ser “dictadura”, aseverando que “violan los derechos de la libertad de expresión, la libertad de religión y tantos otros derechos inalienables”.
Asimismo, han denunciado la detención de manifestantes pacíficos, observadores de derechos humanos y periodistas en diferentes países del mundo.
Sin embargo, hoy, las calles de Estados Unidos son escenario de masivas protestas desde el 25 de mayo, cuando el brutal asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un agente de la Policía de Mineápolis (estado de Minesota, norte) reavivó la ira del pueblo por los asesinatos de gente de color cometidos por agentes del orden y reabrió heridas profundas por la desigualdad racial presente en todo el país.
Empero, las marchas fueron duramente reprimidas por la Policía y fuerzas de la Guardia Nacional de Estados Unidos, que han detenido a miles de manifestantes, y matado a más de 11 de ellos.
La brutalidad de la Policía de EE.UU. ha suscitado críticas de diversas organizaciones de derechos civiles, que consideran estos actos propios de un sistema inherentemente racista y que afirman que se ha exacerbado en los últimos años debido a las políticas del actual inquilino de la Casa Blanca.
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