En febrero de 2017, el vicepresidente económico y ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, Tareck el Aissami, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Al incluirle en la lista, el Tesoro estadounidense alegó que El Aissami jugaba “un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos” desde Venezuela, incluyendo algunos con destino a México y EE.UU.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció el jueves en un comunicado que el titular de Industrias y el empresario Samark José López Bello violaron la acta por la que fueron incluidos entre las personas sancionadas por su presunta relación con el narcotráfico al viajar en una aeronave privada desde Rusia a Venezuela.
“Ha usado su posición de poder para involucrarse en el narcotráfico internacional y ha contorneado las sanciones y violado la ley estadounidense sobre barones de la droga extranjeros”, dijo Ángel Meléndez, agente especial Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., en el comunicado.
(Tareck el Aissami) ha usado su posición de poder para involucrarse en el narcotráfico internacional y ha contorneado las sanciones y violado la ley estadounidense sobre barones de la droga extranjeros”, dijo Ángel Meléndez, agente especial Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.
A López Bello se le acusó de ser el “testaferro” de El Aissami y de proporcionar “material, apoyo financiero, bienes y servicios” al narcotráfico.
Las sanciones contra El Aissami y el empresario venezolano Samark López Bello, acusado de ser su testaferro, conllevaron al congelamiento de una fortuna estimada en al menos 3000 millones de dólares, así como la confiscación de sus propiedades en EE.UU. y la prohibición para realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones norteamericanas.
Esto se produjo mientras Washington ha aumentado sus presiones sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que deje el poder.
La Administración estadounidense reconoció en el acto la autoproclamación del golpista venezolano Juan Guaidó como “presidente encargado” y ha emprendido una brutal campaña de sanciones para derrocar a Maduro, legítimo presidente del país bolivariano.
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