Legisladores de todo el espectro político de Estados Unidos han ratificado este miércoles por unanimidad la resolución H.RES. 981, que condena la supuesta “persecución, represión y los asesinatos de manifestantes pacíficos” en Nicaragua y achaca la responsabilidad de estos actos a las autoridades del país suramericano.
Asimismo, el texto pide a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, “identificar a aquellas personas cuya participación en esta violencia califica para la imposición de sanciones en virtud de la Ley Global Magnitsky”.
Por su parte, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, el republicano Ed Royce, instó al Senado a aprobar dicha resolución y señaló que “aún se puede hacer más”, aunque Washington ya impuso sanciones en virtud de la mencionada ley a tres funcionarios nicaragüenses.
Ha habido preparación, financiamiento (estadounidense) a esa preparación para traer experiencia de esos otros países donde se han producido golpes”, dice el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega en alusión a las intervenciones de EE.UU. en el país centroamericano.
Los congresistas lanzan esta acusación contra el Gobierno de Daniel Ortega, sin embargo, este denuncia que detrás de las protestas violencias existe una “conspiración” impulsada por grupos con financiación estadounidense y del narcotráfico.
“Ha habido preparación, financiamiento (estadounidense) a esa preparación para traer experiencia de esos otros países donde se han producido golpes”, dijo el martes al respecto el presidente Ortega en una entrevista.
Royce, en otra parte de sus declaraciones, llamó a la comunidad internacional, en particular a los líderes de la Organización de Estados Americanos (OEA), a continuar respaldando “a los manifestantes contra Ortega y pidió “elecciones libres y justas”.
La OEA votó una resolución contra Nicaragua el 18 de julio condenando la supuesta represión que ejerce el Gobierno de Ortega y exhortando al mandatario a convocar elecciones anticipadas.
La Administración de Nicaragua, por su parte, denunció ante el ente hemisférico el asedio, hostigamiento, secuestros y ataques armados de grupos opositores al Gobierno y pidió que condene el “terrorismo de la derecha”.
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