Los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) han sido aislados por bancos, compañías de tarjetas de crédito y gigantes tecnológicos como Amazon como resultado de las sanciones impuestas por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a las investigaciones por crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza y por EE.UU. en Afganistán.
En noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de asuntos militares, Yoav Gallant, por “crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra” cometidos durante su guerra genocida en Gaza.
La agencia de noticias Associated Press (AP) ha informado este viernes sobre el efecto amplio y punitivo de las sanciones estadounidenses sobre nueve miembros del personal, incluidos seis jueces y el fiscal jefe del tribunal de La Haya.
Las medidas, introducidas en una orden ejecutiva por Trump en febrero, bloquean su acceso a servicios financieros básicos y actividades cotidianas como las compras en línea y el correo electrónico, y les impiden entrar a EE.UU.
Todo su mundo está restringido”, ha denunciado a AP la jueza canadiense Kimberly Prost, una de las funcionarias de la CPI objeto de las sanciones.
Prost, incluida en la última ronda de sanciones en agosto, aseveró que había perdido el acceso a sus tarjetas de crédito, que los libros electrónicos que había comprado habían desaparecido de su dispositivo y que Amazon Alexa había dejado de responderle.
“Es la incertidumbre”, ha indicado Prost. “son pequeñas molestias, pero se acumulan”, ha asegurado.
Prost había sido sancionado por votar a favor de permitir la investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Afganistán, incluso por soldados y agentes de inteligencia estadounidenses.
“He trabajado toda mi vida en justicia penal y ahora estoy en una lista con aquellos implicados en terrorismo y crimen organizado”, ha criticado.
Por su parte, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, una jueza peruana sancionada, ha relatado que las sanciones de viaje a Estados Unidos, que también se extendieron a miembros de su familia, significaron que sus hijas ya no podían asistir a conferencias en Estados Unidos.
Las sanciones amenazan a empresas e individuos con sustanciales multas estadounidenses y penas de prisión si brindan a las personas sancionadas “apoyo financiero, material o tecnológico”, lo que las obliga a retirar sus servicios a las personas afectadas.
“Nunca estás completamente seguro cuando tu tarjeta no funciona en algún lugar, si es solo un problema técnico o si es la sanción”, ha expresado a la AP la fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan.
Informes de amenazas por órdenes judiciales
Las sanciones son sólo una de las medidas que se han aplicado contra el tribunal en un intento de ejercer presión sobre las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant.
En mayo, Nicholas Kaufman, abogado defensor británico-israelí en la CPI, vinculado a un asesor de Netanyahu, adviritó al fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, que él y la Corte serán “destruidos” si no se retiraban las órdenes de arresto contra el premier israelí y Gallant, informó en julio el sitio web Middle East Eye (MEE).
El sitio informó en agosto que Khan también había sido advertido en privado por el entonces secretario de Relaciones Exteriores británico, David Cameron, en abril del año anterior de que el Reino Unido retiraría la financiación y se retiraría de la CPI si emitía las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, mientras que en mayo de 2024, el senador republicano estadounidense Lindsey Graham también “amenazó” a Khan con sanciones si solicitaba las órdenes de arresto.
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