• El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Brasilia, 20 de marzo de 2018.
Publicada: sábado, 24 de marzo de 2018 1:14

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha aclarado este viernes que las disidencias de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no tendrán ningún beneficio legal por someterse a la justicia y que las perseguirán de manera contundente.

“Señor fiscal, estamos de acuerdo, las disidencias no tendrán beneficio alguno, las estamos persiguiendo y las perseguiremos con toda la contundencia”, ha señalado Santos en su cuenta de la red social Twitter.

El 20 de marzo, el Ministerio de Justicia radicó ante el Congreso un proyecto de ley de sometimiento de las bandas criminales, el cual también deja abierta la posibilidad de eventuales beneficios penales y carcelarios para las disidencias de las FARC, con el fin de lograr un acercamiento con ellas.

De acuerdo con el proyecto, se permitirían sometimientos colectivos con los beneficios de rebaja de pena de hasta el 50 %, se dejaría de investigar algunos casos y se brindarían condiciones de reclusión mucho menos rígidas que las actuales.

Señor fiscal, estamos de acuerdo, las disidencias (de las FARC) no tendrán beneficio alguno, las estamos persiguiendo y las perseguiremos con toda la contundencia”, ha señalado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

 

Ante ello, el fiscal general, Néstor Martínez, aseguró que “los disidentes de las FARC, que despreciaron la mano generosa de la sociedad (al no aceptar el acuerdo final de paz), deben ser objeto de inequívoca persecución legal”, ya que cualquier otra opción mostraría al Estado como “claudicante”.

En una rueda de prensa, el vicepresidente, Óscar Naranjo, ha asegurado este mismo viernes que el Gobierno “no ha recibido manifestación de voluntad por parte de esos delincuentes al margen de la ley” para someterse a la justicia, si bien su “caracterización puede que sea acorde con grupos establecidos en el proyecto” de ley.

Sin embargo, ha dicho que sigue en pie la orden de “arreciar la capacidad militar y policial para someterlos a la ley”.

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