Se registra una nueva jornada de protestas con casos de violencia y represión policial en la capital Santiago y en otras ciudades del país como Iquique, Valparaíso y Concepción.
La huelga general se produce a más de tres semanas del estallido de las primeras protestas sociales y la ha convocado la llamada “Mesa Social”, que reúne a más de un centenar de organizaciones sociales de empleados fiscales, profesores, trabajadores de la salud pública, empleados portuarios y de los aeropuertos.
La Confederación Nacional del Cobre, que agrupa a trabajadores tercerizados de la minería, también se ha unido a la convocatoria. Chile es el principal productor mundial de cobre.
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Chile vive una revuelta social sin precedentes desde el 18 de octubre, cuando un alza en la tarifa del metro provocó multitudinarias protestas, incendios y ataques a las estaciones, además de centenares de saqueos a supermercados. Las demandas actualmente cubren un amplio abanico, desde mejoras en la educación, la salud y las pensiones hasta una nueva constitución.
Al comienzo de la crisis, el presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció un paquete de leves mejoras sociales a las pensiones básicas, cuyo monto es de 146 dólares mensuales, y propuso rebajar los millonarios sueldos de los congresistas y aumentar los impuestos a quienes ganan más de 11 000 dólares al mes, pero no consiguió acabar con las protestas ni siquiera que disminuyeran en intensidad.
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Recientemente su iniciativa de modificar la Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ha sido cuestionada: mientras el Gobierno propone una modificación desde el Congreso y la clase política, la ciudadanía demanda participar a través de una Asamblea Constituyente.
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