• Un centro de detención de migrantes en Quebec, Canadá.
Publicada: martes, 5 de abril de 2022 2:07

Organizaciones pro derechos humanos condenan a Canadá por encarcelar a migrantes en instalaciones con deplorables condiciones de hacinamiento.

“Las condiciones en las prisiones provinciales son abusivas. Estas instalaciones son inherentemente punitivas y no deberían utilizarse para detener a migrantes”, han denunciado el lunes las oenegés Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI).

Conforme a estas instituciones, los migrantes generalmente son maniatados, encadenados, mantenidos en espacios pequeños con rutinas rígidas y vigilancia constante.

En este contexto, el subdirector para discapacidad de HRW, Samer Muscati, ha confirmado que, tras la publicación, los organismos pro derechos humanos exigen “abolir la detención de migrantes y poner fin de inmediato al encarcelamiento de migrantes en prisiones provinciales”.

Además, ha urgido a las provincias que anulen estos contratos de detención urgentemente y que cesen su complicidad en los abusos que se ocurren en sus cárceles.

A su vez, Ketty Nivyabandi, la secretaria general de Amnistía Internacional Canadá, ha advertido que la falta de una supervisión independiente civil de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFC), que vigila el ejercicio de estas enormes infraestructuras, hace difícil que haya rendición de cuentas.

“Es evidente que se están cometiendo graves abusos contra los derechos humanos en el sistema de detención de migrantes”, ha subrayado.

En sus comunicados, HRW y AI se han referido a un acuerdo entre la ASFC y las distintas administraciones provinciales para el internamiento de migrantes en condiciones “incompatibles con los criterios básicos de los derechos humanos a nivel internacional” y, de esta manera, han condenado a las autoridades canadienses por no cumplir sus propias leyes, al internar a migrantes en cárceles e instalaciones de máxima seguridad.

Estos contratos firmados con las administraciones provinciales, aunque no son públicos, se obligan a las provincias a dar un tratamiento humano a los migrantes detenidos en cárceles y a evitar el contacto con los condenados.

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