Karen Longaric, la canciller de facto de Bolivia, ha anunciado este viernes la salida de su país de la ALBA, así como también el cese de un 80 % de embajadores designados por el expresidente Evo Morales durante su mandato, alegando que habían sido elegidos por “criterios políticos”.
Las palabras de Longaric se producen luego de que su antecesor, Diego Pary, declarara desde Nicaragua que seguirá ejerciendo como ministro de Relaciones Exteriores y también participó en una reunión de la ALBA.
“Nos hemos retirado de la ALBA, por lo tanto, el escenario que él (Pary) tiene en este momento en Nicaragua, que es el escenario de la ALBA, no nos interesa para nada”, ha declarado Longaric a periodistas, según ha informado el medio local Erbol.
La canciller de facto además ha señalado que, en el marco del cese de los embajadores, han sido removidos de sus cargos el embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sacha Sergio Llorenti Soli, y la embajadora en Cuba, Ariana Campero.
Nos hemos retirado de la ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), por lo tanto el escenario que él (Diego Pary, el canciller boliviano) tiene en este momento en Nicaragua, que es el escenario de la ALBA, no nos interesa para nada”, ha dicho Karen Longaric, quien asumió el cargo de canciller tras el golpe de Estado en Bolivia.
En este contexto, Longaric ha agregado que los funcionarios removidos ya no están permitidos de hacer uso de las sedes diplomáticas de Bolivia, aseverando que esos embajadores no eran de carrera diplomática, sino personas que se habían constituido en operadores políticos, portavoces de Morales y de las políticas del Movimiento al Socialismo (MAS).
Esta medida tiene lugar después de que los países integrantes de la ALBA condenaran el jueves el golpe de Estado contra Morales, quien había accedido a un cuarto mandato hasta 2025 en primera vuelta de las elecciones, con el 47,08 % de los votos y más de 10 puntos porcentuales por delante de su rival, el expresidente Carlos Mesa (36,51 %).
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Aunque para asegurar que no había un fraude en las elecciones, como reclamó la oposición boliviana, Morales convocó a nuevas elecciones, la oposición siguió adelante con su agenda violenta y con el apoyo de las Fuerzas Armadas provocó la dimisión del mandatario andino.
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