La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló el sábado que unas 4000 personas han sido expulsadas de sus hogares en el estado de Kachin (noreste), desde inicios de abril.
Se trata de un conflicto de larga data entre la Organización de Independencia de Kachin (KIO, por sus siglas en inglés) y las fuerzas gubernamentales, que con el devenir de los días se intensifica.
Además, hay preocupaciones de que muchos civiles sigan atrapados en áreas afectadas por los cruentos combates entre el Ejército birmano y los guerrilleros de KIO, uno de los cinco grupos de minoría étnica de Myanmar, formado por 8000 miembros, que rompió en 2010 el alto el fuego firmado en 1994 con el Gobierno, cuando se negó a integrarse como una fuerza fronteriza bajo el mando del Ejército birmano.
“Nuestra mayor preocupación es la seguridad de los civiles, incluidas las mujeres embarazadas, los ancianos, los niños pequeños y las personas con discapacidad”, expresó el jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), Mark Cutts.
(En Kachin, Myanmar) Nuestra mayor preocupación es la seguridad de los civiles, incluidas las mujeres embarazadas, los ancianos, los niños pequeños y las personas con discapacidad”, expresó Mark Cutts, el jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).
Además de la crisis de los rohingyas, en el oeste de Myanmar, las zonas norteñas del país han presenciado enfrentamientos entre otras minorías étnicas.
Los Kachin son en su mayoría cristianos y desde 1961 luchan por su autonomía. Se estima que en total unas 120.000 personas tuvieron que desplazarse de la zona, donde el Ejército birmano continúa con sus ataques aéreos y de artillería.
El Ejército de Myanmar, respaldado por el Gobierno y los extremistas budistas del país, inició otra ofensiva con consecuencias mortales contra los musulmanes rohingyas en el estado occidental de Rajine a finales de 2016.
El asesor especial de la ONU para la prevención del Genocidio, Adama Dieng, ha denunciado que la violencia ejercida por las fuerzas gubernamentales contra los rohingyas—que llevaron a casi 700.000 miembros de esta minoría a refugiarse en el vecino Bangladés— es “una tragedia humana que lleva las huellas del Gobierno birmano y la comunidad internacional”.
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