Los legisladores han votado unánimemente este jueves a favor de destituir de sus cargos a los diputados Abdulnabi Salman, Mamdouh Al Saleh y Mahdi Al Shuwaikh, quienes criticaron las medidas estatales contra 69 personas acusadas de elogiar los ataques iraníes contra bases militares de Estados Unidos desplegadas en Baréin durante el reciente conflicto.
El 27 de abril, la pequeña monarquía del Golfo Pérsico revocó la ciudadanía de 69 personas, alegando que habían simpatizado con los ataques de represalia iraníes contra instalaciones militares estadounidenses en el suelo bareiní durante la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra Irán, desde finales de febrero. La decisión también afectó a familiares de los acusados directamente de “traición”.
Con una polémica modificación del artículo 7 de la Ley de la Autoridad Judicial las disputas sobre nacionalidad quedaron fuera de la jurisdicción del Tribunal Civil Superior y se redefinieron como actos soberanos.
En esencia, esto otorgó al rey Hamad bin Isa Al Jalifa de Baréin y a su corte real la autoridad para revocar la ciudadanía y la nacionalidad sin necesidad de presentar pruebas ni seguir el debido proceso para quienes deseen apelar la decisión.
El martes pasado, durante la sesión parlamentaria semanal, los tres parlamentarios expresaron su preocupación por la revocación de ciudadanía a cientos de connacionales, calificando la medida como “arbitraria”.
El presidente del Comité de Servicios del Parlamento, Mamdouh Al Saleh, también expresó su preocupación, citando el posible impacto en las familias.
“Decimos: Aplicar la ley, sí. Exigir responsabilidades al culpable, sí. Pero que quienes son inocentes no paguen las consecuencias. Solicito una afirmación explícita, mediante este decreto, del principio de responsabilidad penal individual, protegiendo a los niños y las familias de cualquier consecuencia de la que no sean culpables”, dijo el legislador.
El régimen gobernante de Al Jalifa, que ha perseguido históricamente a los chiíes y a los activistas pro-democracia en Baréin, ha intensificado sus medidas represivas desde el inicio de la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero.
El mes pasado, el Reino de Baréin condenó además a cinco personas a cadena perpetua y a otras 25 a 10 años de cárcel por lo que consideró espionaje a favor de Irán. La fiscalía dijo que otras 25 personas fueron sentenciadas por separado a 10 años cada una por apoyar al país persa durante el conflicto en curso.
Las medidas represivas contra los ciudadanos, incluida la revocación de ciudadanía, desató una ola de críticas dentro del reino. El movimiento opositor Al-Wefaq declaró que “estas decisiones son injustas, inhumanas y carecen de acusaciones específicas, constituyendo una forma de castigo colectivo”.
Irán respondió las agresiones, lanzando ataques de represalia contra objetivos militares e intereses de EE.UU. en los países de la zona y las instalaciones militares israelíes en los territorios ocupados.
La República Islámica había alertado a los países de la región que no permitan usar su territorio para ataques contra Irán y que consideraría cualquier base estadounidense o israelí un objetivo legítimo.
ftm/tqi
