¿Qué opinas?: Nicaragua a un año de la crisis con una nueva mesa de negociación

El 18 de abril, Nicaragua cumplió un año desde el inicio de la peor crisis que ha afectado la paz social, la economía y la estabilidad del país.

Estudiantes universitarios y la sociedad civil empezaron las protestas por un reclamo contra las reformas de la Ley de Seguridad Social, decretadas en ese mismo mes, por el presidente nicaragüense Daniel Ortega.

Esas protestas generaron un decrecimiento del -5 % en la economía de la nación, más de 50 000 personas exiliadas, cerca de 120 000 desempleados y cerca de 200 muertos, de acuerdo con cifras gubernamentales y más de 500 fallecidos, según cifras de organismos de derechos humanos.

Días después del anuncio de esas reformas, el mandatario nicaragüense revocó la normativa y llamó a la oposición a un diálogo nacional, mediado por los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que inició el 16 de mayo de 2018. No obstante, las conversaciones se vieron interrumpidas en varias ocasiones y suspendidas en julio de 2018, por falta de acuerdo entre las partes.

Durante esa primera negociación, el Gobierno de Ortega aceptó el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad que condenó el uso de la fuerza excesiva contra los manifestantes y señaló que el Gobierno de Ortega y Rosario Murillo habrían cometido delitos de lesa humanidad durante las protestas.

La presión internacional se empezó a notar, ese informe sirvió para que las sanciones por parte de Estados Unidos al Gobierno de Ortega empezaran a enrumbarse y en diciembre de 2018, la Administración de Donald Trump aprobó la Ley Nica Act, misma que controlará los préstamos de entidades financieras internacionales para la ejecución de obras en Nicaragua. Simultáneamente, Estados Unidos empezó a sancionar a funcionarios cercanos a Ortega, entre los que incluye, Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, Francisco Díaz, primer comisionado de la Policía Nacional y consuegro de Ortega, entre otros.

 La Unión Europea (UE) también expresó que, si Ortega no volvía a un diálogo sincero e incluyente para sacar de la crisis al país, tomarían medidas contra su Administración. Entre esas medidas, no se eximen la exclusión de Nicaragua de los acuerdos comerciales con la UE y sanciones personales contra funcionarios de Gobierno.

Esas advertencias hicieron que el 27 de febrero de 2019 Ortega nuevamente convocara a un dialogo nacional, esta vez, mediado por el Nuncio Apostólico del Vaticano y que tiempo después se iba a sumar la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esta nueva negociación a puertas cerradas ya cumplió un mes y se espera que el 3 de abril de 2019 se tomen acuerdos para sacar al país de la crisis. Entre esos acuerdos, el Gobierno aceptó la liberación de todas las personas detenidas en el contexto de las protestas, las que serán puestas en libertad por medio del acompañamiento de la Cruz Roja, garantías constitucionales para la libertad de expresión y movilización, devolución de las personerías jurídicas de la Oenegés y devolución de las televisoras y papelería de medios impresos.

Uno de los principales temas aún permanece en la negociación, se trata de las reformas electorales para próximas elecciones. El Gobierno de Ortega asegura que la OEA acompaña e ese proceso, mediante un memorándum de entendimiento que mantienen ambas partes desde 2017, cuando Ortega asumió su tercer mandato consecutivo.

No obstante, la opositora Alianza Cívica, que permanece en la mesa de negociación con el Gobierno, asegura que el adelanto de elecciones es su principal tema de agenda.

Pero el Gobierno se niega a adelantar elecciones, aduciendo que sería violatorio a la Constitución Política.

En las calles, la ciudadanía dice desconfiar del proceso de negociación, debido a la poca información que las partes brindan.

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