Hace más de un año, los panameños esperan que la Asamblea nacional cumpla la promesa de aprobar una ley que derogue una norma que data del Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, que imposibilita la investigación y procesamiento penal de los diputados sospechosos de cometer delitos.
Sin embargo, la que pretendía ser una ley antiblindaje, se convirtió en instrumento de protección y nuevos privilegios procesales ya no solo para los diputados, sino también para el presidente Juan Carlos Varela y los magistrados de la Corte Suprema de Justica (CSJ).
En el nuevo proyecto se reduce el tiempo de la investigación preliminar a solo 2 meses, tras los cuales solo se contará con 2 meses más para concluir el sumario.
Por su parte, la sociedad civil se mantiene incrédula ante la posibilidad de que la Asamblea nacional apruebe una ley que posibilite los procesos legales en su contra, y que además estos sean desarrollados por una Corte Suprema altamente desprestigiada.
El proyecto de ley es catalogado como un retroceso para la democracia, todo lo contrario a lo que se esperaba de una asamblea controlada por el partido gobernante, quien hace un año se comprometió a acabar con las estructuras de corrupción dejada por la Administración anterior.
La sociedad civil exige al presidente Varela que vete el proyecto y se eliminen todos los privilegios que mantienen el manto de impunidad ahora no solo sobre los diputados, sino también sobre las cabezas del Ejecutivo y el Judicial.
Claudia Figueroa, Ciudad de Panamá.
xsh/rba
