Mientras las autoridades trataban, en vano, de ponerle freno, los derechos humanos continuaban deteriorándose en el país y la represión a los opositores se hacía más fuerte.
En un intento de atajar la debacle económica, el Gobierno egipcio redujo en 2016 subsidios en electricidad y gasolina, aplicó el nuevo impuesto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y forzó una devaluación de la moneda local que redujo en más de la mitad su valor respecto al dólar. La espectacular inflación ha sido durante este año tema de conversación recurrente en las calles del país árabe.
El viento se llevó las promesas de recuperación de la economía. Ni el sector turístico remontó sus cifras, ni el nuevo Canal de Suez, inaugurado un año antes, vio incrementados sus beneficios manteniéndose una preocupante escasez de divisas.
En los albores de 2016 un flamante Parlamento celebró su sesión inaugural con aires de democracia. Conformada por una mayoría de legisladores afín al presidente egipcio, Abdel Fatah al-Sisi, la Cámara dejó poco margen a la oposición. El papel de contrapeso al poder del mandatario fue asumido por sindicatos que resistieron a redadas y detenciones de sus líderes.
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) continuaron suministrando armamento a Egipto pese a las violaciones de los derechos humanos. El año comenzó con el asesinato del investigador italiano Giulio Regeni, crimen que señala directamente a las fuerzas de seguridad.
Con su líder en prisión, los partidarios del expresidente egipcio, Mohamed Mursi, fueron objeto de detenciones y desapariciones forzosas. Parecida suerte corrieron otros activistas, que desafiaron al régimen protestando contra la cesión a Arabia Saudí de las islas de Tiran y Sanafir.
El terrorismo ha sido otra de las grandes fuentes de malestar en Egipto este año. Lo será también en 2017 si la rama local del grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) cumple con su juramento de prolongar la oleada de atentados.
Rocío López, El Cairo.
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