Este martes ha tenido lugar la audiencia de apelación de la prisión preventiva en contra del exmandatario Castillo en el marco de las investigaciones, bajo la presunta acusación de rebelión y conspiración por haber intentado cerrar el Congreso el pasado 7 de diciembre, lo que contraviene la Constitución de Perú, por lo que fue destituido y encarcelado.
Ante la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, Castillo pidió la intervención de los organismos de derechos humanos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para conseguir justicia, al tiempo que advirtió sobre crear una inseguridad jurídica no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, denunciando que en Perú “cualquier presidente en funciones puede ser detenido sin pasar antes por un antejuicio político”.
De acuerdo con Castillo, él es el único presidente en funciones de la historia de Perú que ha sido detenido sin ser sometido al antejuicio —proceso político-judicial a través del cual se levanta la inmunidad de los altos funcionarios— y que no ha renunciado a este derecho.
Tras reiterar que es un “preso político” porque el fondo de este episodio tiene un “interés político”, el exmandatario declaró que las autoridades peruanas no le darán la razón, ya que ello implicaría reconocer que “la Fiscalía de la Nación, el Congreso, la Policía Nacional y el resto de las autoridades se han equivocado”.
En otra parte de sus declaraciones, el exjefe del Estado afirmó que la Policía Nacional le amenazó apuntando con metralletas a su hija que llevaba en sus brazos cuando fue detenido “ilegalmente” el pasado diciembre.
El mismo día del encarcelamiento de Castillo, Dina Boluarte tomó el poder en medio de movilizaciones para exigir la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
El también maestro rural ha sido condenado a 18 meses de prisión preventiva por haber intentado dar un autogolpe de Estado y otros 36 meses por acusaciones de liderar una red criminal, y otro caso de presunta corrupción, según la Justicia peruana.
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