• El presidente peruano, Martín Vizcarra, en una sesión del Congreso de Perú, Lima (capital), 18 de septiembre de 2020. (Foto: Reuters)
Publicada: sábado, 10 de octubre de 2020 11:15

La Fiscalía peruana informó de la apertura de una investigación contra el presidente del país cuando termine su mandato, por presuntos delitos de corrupción.

“Luego de calificar el informe remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios se ha optado por declarar que, efectivamente, existe mérito para investigar preliminarmente al presidente de la República, estableció el comunicado del Ministerio Público de Perú (Fiscalía) emitido el viernes.

Se trata de una investigación acerca de presuntos delitos de corrupción relacionados con el “caso Swing” y unos cuestionados contratos que tuvo el presidente peruano Martín Vizcarra con el cantante famoso Richard Cisneros (conocido como Richard Swing) durante su Gobierno.

No obstante, el texto detalla que “en atención al mandato constitucional en cuanto al presidente de la República, el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta el 28 de julio de 2021, cuando deje el cargo”, porque según la Constitución peruana un presidente solo puede ser acusado durante su período “por traición a la Patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso”, y varias otras situaciones que no se dan en este caso.

En el comunicado, la Fiscalía informó que también investigará a la exministra de Cultura Patricia Balbuena. Esto mientras que el pasado 2 de octubre la Policía peruana arrestó a varios exfuncionarios y al cantante Richard Swing por estar involucrados en un escándalo que puso en jaque al Gobierno de Vizcarra.

 

Cisneros, un desconocido cantante que habría sido cercano a Martín Vizcarra en la campaña presidencial del 2016, realizó en los últimos tres años unos nueve contratos con el Ministerio de Cultura para actividades ajenas a su experiencia y formación, como charlas motivacionales y de liderazgo, por un monto total de 175 000 soles (unos 50 000 dólares).

Esto condujo a un juicio político de destitución por parte del Congreso, el 18 de septiembre, que Vizcarra pudo superar, al no haberse reunido los suficientes votos para sacarlo del cargo. El presidente peruano ha negado que haya cometido cualquier actuación ilegal en el caso, y ha reiterado que los exfuncionarios involucrados traicionaron su confianza con las grabaciones. Además, los principales líderes políticos rechazaron la medida del Legislativo contra Vizcarra.

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