La acción, según afirmaron el domingo sus organizadores, se realizará también en la vía Interamericana y estará acompañada por oraciones a sus divinidades.
A estas alturas y sin excusa fundada, no se ha dado una respuesta y se han adoptado tácticas dilatorias, pisoteando los derechos (de los pueblos originarios), al imponerles la represa de Barro Blanco, lo que atenta contra su voluntad y dignidad”, declara el presidente de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, Marcelo Guerra.
“Ñagare Barro Blanco” (No a Barro Blanco, en lengua ngabere), enfatizó la cacica suplente de la etnia Ngäbe Buglé, Clementina Pérez, quien llamó a todos los pueblos indígenas y campesinos de América a incorporarse a esta lucha “sagrada” que, a su juicio, intenta rescatar un patrimonio ancestral que quieren aniquilar, tal como hicieron los conquistadores españoles hace 500 años.
Por su parte, el presidente de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, Marcelo Guerra, declaró el estado de alerta y arremetió contra el Gobierno por autorizar el reinicio del proyecto, sin tener en cuenta los daños ambientales que causa en la región.
De este modo, criticó al presidente Juan Carlos Varela por no tomar drásticas medidas para impedir la construcción de la represa sobre el río Tabasará, lugar de la hidroeléctrica.
“A estas alturas y sin excusa fundada, no se ha dado una respuesta y se han adoptado tácticas dilatorias, pisoteando los derechos (de los pueblos originarios), al imponerles la represa de Barro Blanco, que atenta contra su voluntad y dignidad”, expresó.
Ante este anuncio, el secretario de Comunicación del Estado, Manuel Domínguez, resaltó la intención del Gobierno de resolver el problema mediante el diálogo, y repudió el cierre de las vías, ya que afecta a los ciudadanos.
“Este tipo de medidas de fuerza son tomadas por una minoría que rechaza el diálogo y busca crear escenarios de violencia y confrontación en los que el Gobierno no va a caer”, recalcó.
Luego de que el Gobierno anunciará que el proyecto hidroeléctrico se culminará, por considerarlo “de interés nacional”, parte del cacicazgo de Ngäbe Buglé presentó una solicitud de medida cautelar contra el Estado panameño frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El acuerdo 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por Panamá relativo a la protección de las poblaciones indígenas, establece la obligatoriedad de la consulta pública frente a proyectos que afecten los territorios de los nativos.
Desde hace tiempo los indígenas y campesinos exigen la paralización total del proyecto hidroeléctrico, financiado por los europeos. Sin embrago, ante la ignorancia del Gobierno, rechazan cualquier diálogo sobre el tema con las autoridades. Esta situación se agravó tras la represión en una protesta y la detención de 30 personas.
En diciembre, la CISH condenó al Estado de Panamá por violar el derecho a la propiedad colectiva y a la protección judicial de las comunidades indígenas.
No obstante, las empresas nacionales que se encargan de realizar Barro Blanco -Generadora del Istmo S.A. (Genisa) e Hidráulica de San José-, advierten que si los indígenas logran cancelar ese proyecto, ocasionarán demandas millonarias contra el Estado panameño, pérdidas que podrían superar los 130 millones de dólares.
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