• Activistas de la etnia panameña, Ngäbe Buglé, exigen el fin del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco
Publicada: jueves, 18 de junio de 2015 17:18
Actualizada: sábado, 9 de septiembre de 2017 8:10

Los indígenas panameños aseguraron que continuarán las protestas hasta la paralización total de las obras relacionadas con el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco.

Medios locales publicaron el miércoles que activistas de la etnia Ngäbe Buglé condicionaron el fin de las protestas a que el presidente Juan Carlos Varela cumpla con su promesa y cancele el proyecto en desarrollo en el oeste de Panamá.

En un intento por encontrar una solución a esa cuestión, una delegación indígena ha viajado la madrugada de este jueves, a la ciudad de Panamá (capital) para reunirse con el mandatario del país.

De acuerdo con Toribio García, presidente del Congreso Regional de la comarca Ngäbe Buglé, en declaraciones hechas el miércoles, dicha delegación presentará un pliego de reclamos de los indígenas al Gobierno.

Las peticiones, prosiguió, incluyen la cancelación del proyecto Barro Blanco, modificación de decretos sobre la forma en que se escogen las autoridades tradicionales de la comarca Ngäbe Buglé y la indemnización de los afectados y familiares de víctimas de los disturbios por conflictos por la ley minera.

Además, los indígenas invitaron al presidente del país a visitar el próximo 20 de este mes la ciudad de Tolé, para que vea de cerca la situación y entienda que sus protestas no son violentas.

Desde hace nueve días los indígenas y campesinos exigen al presidente Varela que detenga el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, financiado por europeos, que se desarrolla en el río Tabasará en Tolé. Una de estas protestas tuvo lugar el pasado lunes.

En febrero, también, durante negociaciones con el Gobierno exigieron la cancelación definitiva de Barro Blanco.

No obstante, las empresas nacionales que se encargan de realizar Barro Blanco -Generadora del Istmo S.A. (Genisa) e Hidráulica de San José-, advierten de que si los indígenas logran cancelar ese proyecto, ocasionarán demandas millonarias contra el Estado panameño, pérdidas que podrían superar los 130 millones de dólares.

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