La UNRWA ha informado que después de la evacuación completa de los campos de refugiados palestinos, incluidos Yenín, Tulkarem y Nur Shams, por parte del régimen israelí, aproximadamente 32 000 personas han sido desplazadas.
El organismo ha subrayado que la destrucción de los campos de refugiados palestinos viola el derecho internacional y tiene como objetivo fortalecer el control sobre Cisjordania. “Los campamentos deben ser reconstruidos y los residentes deben poder regresar”, ha precisado al respecto.
La oficina de prensa del parlamento israelí anunció el martes que el comité de asuntos exteriores y defensa aprobó un proyecto de ley facilita la compra de terrenos en Cisjordania sin supervisiones ni restricciones como la ley jordana vigente en los territorios ocupados militarmente por Israel en 1967.
El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) calificó la iniciativa de una “flagrante violación del Derecho Internacional”, y enfatizado que todas las medidas adoptadas por el régimen ocupante para “judaizar” Cisjordania y Al-Quds (Jerusalén), así como los intentos de “expulsar a la población palestina”, son “nulas, ilegítimas y no alteran los derechos históricos del pueblo palestino”.
El polémico paso se dio luego de que el parlamento israelí aprobara en octubre en primera lectura un proyecto de ley que permitiría la anexión de Cisjordania.
En plena escalada de tensiones en Cisjordania, el ejército israelí informó la noche del miércoles el inicio de su ofensiva militar en el norte de Cisjordania.
La organización de derechos humanos B’Tselem afirmó previamente en un informe que el régimen sionista está cometiendo genocidio en Cisjordania sin ningún obstáculo y cifró en 1003 el número de palestinos asesinados en Cisjordania desde el octubre de 2023.
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