En un discurso en la XXVIII Graduación de Cadetes de la Universidad de Ciencias Policiales “Leonel Rugama” en Managua el jueves, los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, condenaron la agresión de EE.UU. contra Venezuela del 3 de enero que culminó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, además de dejar más de un centenar de muertos entre civiles y militares.
“El presidente Nicolás Maduro quería la paz. Pero lo que ha quedado claro es que los Estados Unidos van por el petróleo. Ya lo han dicho con toda claridad. Ya hasta ha definido la cantidad de miles de barriles de petróleo que va a sustraer al pueblo venezolano, simplemente con el uso de la fuerza”, denunció Ortega y preguntó: “¿Quién les ha dado ese poder a ellos?”.
El líder sandinista también fustigó el derecho que se arroga Estados Unidos de cometer crímenes para apropiarse de recursos de otros. “Las fieras que tienen armas atómicas y que no respetan a nadie tendrán que bajar esa conducta, tendrán que cambiar esa conducta, porque son conductas totalmente terroristas, están sembrando terror en el mundo con ese comportamiento”, dijo.
Exigió la liberación de Maduro, quien se encuentra en una cárcel estadounidense mientras Washington lo juzga, y llamó a actuar en organismos internacionales, como la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para defender el respeto a la paz y la soberanía de los pueblos ante las graves violaciones cometidas por EE.UU.
El 3 de enero, fuerzas de Estados Unidos lanzaron un ataque en varias regiones de Venezuela y secuestraron a Maduro y su esposa y los trasladaron a Nueva York, donde está en prisión mientras son juzgados, a pesar de la inmunidad que inviste la figura del presidente y la falta de jurisdicción del país norteamericano.
Luego, la Administración de Donald Trump informó que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo “indefinido” y, para ello, decidió revocar una serie de sanciones impuestas al sector energético del país caribeño.
La agresión estadounidense fue condenada a nivel mundial tanto por gobiernos como organizaciones internacionales, alertando que marca un prescedente en la violación de los derecho internacionales y humanos.
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