• Nicaragua crea ‘Comisión de la Verdad’ para investigar violencia
Publicada: lunes, 7 de mayo de 2018 16:47
Actualizada: martes, 8 de mayo de 2018 1:49

La Asamblea Nacional de Nicaragua juramentó el domingo a los miembros de ‘la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz’, que se encargarán de investigar los hechos de violencia acaecidos desde el pasado 18 de abril en protesta a las reformas impulsadas por el Gobierno en el sector financiero.

“En manos de ustedes queda la Comisión de la Verdad, la Justicia y Paz y queremos transmitirles que están totalmente libres de hacer las averiguaciones correspondientes”, dijo el presidente del Parlamento de Nicaragua, Gustavo Porras, para después anunciar que dicho ente trabajará durante tres meses para presentar los resultados de la investigación.

Mientras centenares de nicaragüenses se manifestaron el mismo domingo por tercera semana consecutiva para demandar justicia y expresar su rechazo a la violencia y su apoyo a la propuesta de diálogo con el Gobierno del presidente Daniel Ortega ante los disturbios.

De este modo, varias ciudades fueron escenario de movilizaciones, entre ellas Masaya, Ticuantepe y Chinandega, incluso estallaron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas antidisturbios como en Niquinohomo, a 60 kilómetros al sureste de capital nicaragüense, Managua.

En manos de ustedes queda la Comisión de la Verdad, la Justicia y Paz y queremos transmitirles que están totalmente libres de hacer las averiguaciones correspondientes”, dijo el presidente del Parlamento de Nicaragua, Gustavo Porras, en referencia a la creación la Comisión de la Verdad, la Justicia y Paz para investigar los hechos de violencia en el país.

 

En concreto, la referida comisión quedó conformada por el sacerdote Uriel Molina, la doctora Mirna Cunningham, el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), Jaime López Lowery; el subprocurador de derechos humanos Adolfo José Jarquín y el académico Cairo Amador.

Las protestas comenzaron el 18 de abril en contra de la polémica reforma del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), aprobada el 16 de abril, la cual pretendía aumentar la contribución de empresas y trabajadores y reducir un 5 % las pensiones.

Por su parte, el Gobierno de Ortega denuncia que detrás de esas protestas existe una “conspiración”, impulsada por grupos que son financiados por Estados Unidos y el narcotráfico.

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