Según la versión oficial, los alumnos de la escuela de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014, fueron entregados por policías corruptos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero del municipio de Cocula (centro oeste de México).
Sin embargo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) reafirmó ayer jueves, tras estudiar el caso, las conclusiones de su investigación, que refutan la “verdad histórica” reivindicada por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.
En su informe, los forenses argentinos denuncian graves irregularidades en la investigación de la desaparición y argumentan que la quema de los 43 cuerpos no fue posible.
En 18 meses de recolección y examen multidisciplinario de la evidencia física proveniente del basurero de Cocula no se encontraron elementos científicos objetivos que sustenten la incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 en ese lugar”, aseveraron un equipo de los forenses argentinos en un mensaje.
“En 18 meses de recolección y examen multidisciplinario de la evidencia física proveniente del basurero de Cocula no se encontraron elementos científicos objetivos que sustenten la incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 en ese lugar”, aseveran los forenses en un mensaje al mandatario.
Los forenses argentinos colaboraron con la Fiscalía Federal mexicana y con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pedido de las familias de las víctimas de desaparición forzada.
La semana pasada, en una entrevista televisiva, Peña Nieto reafirmó la llamada “verdad histórica” de que los 43 estudiantes fueron secuestrados en 2014 en la ciudad de Iguala por policías que los entregaron a narcotraficantes, quienes a su vez los asesinaron e incineraron sus cuerpos a cielo abierto en el basurero municipal, situado en una quebrada de Cocula.
Los familiares de los desaparecidos consideran que el caso está inconcluso. El próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que se creará una comisión que investigue el caso y trate de llegar a las últimas consecuencias para que el suceso quede resuelto.
Las últimas estimaciones de la Secretaría de Gobernación de México (Segob) reconocen que en el país hay más de 32 mil casos de personas en paradero desconocido, de los que la inmensa mayoría quedan impunes.
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