• El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Raad al-Husein, hablando en Ginebra, 30 de agosto de 2017.
Publicada: jueves, 8 de marzo de 2018 19:05

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Raad al-Husein, expresó el miércoles su preocupación por la Ley de Seguridad Interior adoptada por México que avala las medidas ‘sin garantías ni supervisión’ por parte de las Fuerzas Armadas.

“Me preocupa que una nueva Ley de Seguridad Interior autorice el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin las garantías adecuadas ni supervisión adecuada”, manifestó en su informe anual de labores ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza).

Aseveró que la ley, que otorga a las Fuerzas Armadas un papel fundamental a la hora de velar por la seguridad interna, un rol reservado tradicionalmente a la Policía, “no cumple los estándares internacionales de derechos humanos”.

El representante internacional mientras denunció que esta normativa no se ajusta a los lineamientos internacionales en materia de garantías fundamentales, instó, por otra parte, al Estado mexicano a crear una nueva fiscalía general que realmente sea “efectiva e independiente”.

Me preocupa que una nueva Ley de Seguridad Interior autorice el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin las garantías adecuadas ni supervisión adecuada”, manifestó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Raad al-Husein.

Otra de las preocupaciones que mostró fue la “detención sistemática de migrantes” y que su retorno acelerado se haya convertido en la regla general para las autoridades migratorias mexicanas, “socavando gravemente las garantías del debido proceso y la protección del principio de la no devolución”, que prohíbe deportar a una persona a un lugar en el que su vida y libertades puedan estar en peligro.

En diciembre de 2017, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada por el Senado, a pesar de que, a través de distintos medios, organizaciones sociales, organismos internacionales, activistas, académicos y ciudadanos expresaron su rechazo.

La propia ONU consideró en meses pasados dicha ley un “grave riesgo para los derechos humanos en México”, pues se ha constatado que la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad “no han contribuido a mejorar la situación de seguridad en el país; por el contrario, ha agravado problemáticas”.

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