“El término ‘normalización’ no existe en el léxico iraquí, porque está vinculado a una entidad ocupante que atenta contra la tierra y la humanidad”, declaró el primer ministro de Irak, Muhamad al-Sudani, el miércoles durante la misa de Nochebuena celebrada en la Iglesia Católica Siria de Nuestra Señora de la Salvación, en Bagdad.
El jefe del Ejecutivo iraquí respondió así a un comentario del cardenal Louis Raphael Sako, patriarca de la Iglesia Caldea, quien durante la ceremonia había mencionado la palabra “normalización” en un contexto que generó polémica. Sudani fue enfático al rechazar cualquier interpretación que sugiriera un acercamiento con el régimen israelí, subrayando que la posición de Irak sobre esta cuestión es firme y refleja los principios fundamentales del pueblo iraquí.
“El pueblo iraquí no necesita normalización, sino fraternidad, amor y convivencia”, añadió el primer ministro, destacando que esta postura está respaldada por el marco moral, religioso, constitucional y legal del país. En 2022, el Parlamento iraquí aprobó una ley que criminaliza cualquier tipo de relación con el régimen israelí, incluyendo vínculos diplomáticos, económicos, culturales o de seguridad, con penas que van desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte.
Por su parte, el líder religioso chií Muqtada al-Sadr intervino tras la controversia, calificando la normalización como “un crimen” y exigiendo a las autoridades competentes actuar con firmeza contra cualquier intento de promoverla. “Quienquiera que la promueva, sea quien sea, no escapará al castigo”, advirtió.
Las declaraciones de Sudani se producen en un contexto regional marcado por los esfuerzos de Estados Unidos por expandir los Acuerdos de Abraham, que han llevado a varios países árabes, como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán, a establecer relaciones con Israel. Sin embargo, Irak ha mantenido una postura firme de rechazo, argumentando que dichos acuerdos legitiman la ocupación y traicionan la causa palestina.
En noviembre de 2025, un tribunal iraquí condenó a ocho años de prisión a un ciudadano por instar públicamente al gobierno a normalizar relaciones con el régimen de Tel Aviv. Además, figuras políticas como Muqtada al-Sadr han advertido que cualquier intento de acercamiento será considerado una traición a la causa palestina y será sancionado conforme a la ley.
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