“El proyecto de ley busca prohibir la importación y venta de bienes, servicios y recursos naturales provenientes de los asentamientos ilegales en los territorios ocupados (palestinos)”, explicó el miércoles la patrocinadora del proyecto, la senadora irlandesa Frances Black.
La política recordó que las viviendas israelíes en los territorios ocupados palestinos son ilegales, “tanto en el derecho internacional humanitario como en el derecho nacional irlandés, y dan lugar a violaciones de los derechos humanos sobre el terreno”.
A continuación, denunció que a pesar de ello, su país proporciona un apoyo económico continuo a través del comercio de bienes de los asentamientos, donde los palestinos son expulsados a la fuerza de sus hogares.
Agregó, asimismo, que en estos territorios las autoridades israelíes se incautan de tierras fértiles de los palestinos y luego venden las frutas y verduras producidas allá a los irlandeses que “pagan por todo”.
El proyecto de ley busca prohibir la importación y venta de bienes, servicios y recursos naturales provenientes de asentamientos ilegales en los territorios ocupados (palestinos por Israel)”, explicó la patrocinadora del proyecto, la senadora irlandesa Frances Black.
Sin embargo, el Gobierno de Dublín no está de acuerdo con la senadora Black, argumentando que el borrador no tiene el derecho legal de restringir el comercio con compañías israelíes basadas en los territorios palestinos ocupados por Israel.
En reacción, Black respondió diciendo que no estaba de acuerdo con la evaluación legal de su respectivo Gobierno, citando dos opiniones legales que respaldan su punto de vista, y prometió promover el proyecto de ley, con el que Israel obviamente no está nada contento.
El régimen de Tel Aviv condenó duramente el proyecto de ley irlandés que, a su juicio, “fomenta las divisiones entre Israel y los palestinos”, además de tildar el borrador de “inmoral”.
El Proyecto de Ley de Control de Actividades Económicas en los Territorios Ocupados fue congelado a finales de enero en el Parlamento de Irlanda, no obstante, está programado que sea votado en el Senado del país el próximo miércoles 11 de julio.
Conforme a la legislación propuesta, la importación o intento de importar productos procedentes de los asentamientos es una ofensa y aquellos que “ayuden a otra persona a importar o intentar importar bienes de los asentamientos” estarían cometiendo un delito punible con hasta cinco años de prisión.
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