Conforme a las afirmaciones del diario local de El Periódico, el Gobierno de España ha legalizado este miércoles el envío de un cargamento de 400 bombas de precisión láser a Riad.
Apenas 48 horas después de que la ministra de Defensa Margarita Robles admitiera que esa operación –que ella misma suspendió– no estaba anulada, sino en “proceso de revisión”, el Gobierno ha decidido reactivar la controvertida venta firmada en 2015, según confirman fuentes de la Moncloa.
Según el criterio de Robles, la marcha atrás respecto a la suspensión de la venta es evitar represalias saudíes por lo que hubiera representado una cancelación rotunda de este contrato.
La funcionaria española pensó que la magnitud de la cifra que causó la violencia de los saudíes contra su vecino Yemen permitía cancelar la operación sin repercusiones, pero el hecho de que saliera a la luz pública la presunta paralización de la venta y la importancia estratégica de esas bombas inquietaron a la monarquía saudí.
La ministra había asegurado “con orgullo” que solo en 100 días de gestión su ministerio “ha desbloqueado contratos por valor de 4200 millones de euros de la industria de Defensa”, lo que demuestra claramente que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene una intención de acelerar las transacciones de armamentos, sobre todo a Arabia Saudí.
La tensión creció con las protestas de los trabajadores de la empresa pública en la que se fabricaban las mencionadas armas, y que se manifestaron para pedir al Gobierno que no pusiera en riesgo los 6000 puestos de trabajo que dependen de la construcción de los materiales que se estaban produciendo para mandar a Arabia Saudí.
En este sentido, la situación derivó en una crisis que obligó al Ejecutivo de Sánchez, a enmendar la decisión de su ministra de Defensa y asegurar que la disposición sobre la cancelación de la venta de las bombas no era definitiva.
Desde que Riad inició su cruenta agresión contra Yemen en 2015, a pesar de que Madrid no reconoce, algunos informes confirman que Arabia Saudí utiliza armas españolas en sus ataques contra Yemen. De hecho, el partido Izquierda Unida (IU) advirtió de la colaboración de España en los asesinatos de civiles en el país más pobre del mundo árabe.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) se suma a España al grupo de los países exportadores de armas al reino árabe, aunque la ley española que regula el comercio de armamento prohíbe este tipo de ventas.
España autoriza la venta de armas a una monarquía que su violencia en contra de los yemeníes es repudiada por muchas organizaciones internacionales, una violencia que ha dejado al menos 11 000 víctimas.
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