El juez Francisco de Jorge ha liderado el caso, que ha apuntado al CEO José Antonio Chainaga Gómez y a dos altos ejecutivos por presunto contrabando y complicidad en crímenes de lesa humanidad o genocidio. Los tres han sido citados a declarar el próximo 12 de noviembre.
Según la Corte, Sidenor ha vendido acero a una empresa de la agrupación israelí Elbit Systems sin la autorización ni registro gubernamental correspondiente, “con pleno conocimiento de que la compañía fábrica armas pesadas y ligeras y que el material se usaría para armamento”.
La empresa española no ha emitido comentarios hasta el momento, mientras que Elbit Systems también ha rechazado pronunciarse sobre el caso.
El inicio de la investigación se ha producido tras una denuncia presentada en julio por una asociación de la comunidad palestina en Cataluña.
España, uno de los críticos más firmes de las acciones de Israel en Gaza, ha calificado en varias ocasiones las operaciones israelíes como “genocidio”.
En línea con estas medidas, Madrid ha prohibido en septiembre que buques y aeronaves que transporten armas o combustible para aviones israelíes hayan atracado en sus puertos o ingresado en su espacio aéreo, y ha reforzado la prohibición de que empresas españolas vendan armas o materiales para su fabricación a Israel. Estas restricciones han permanecido vigentes incluso después del alto el fuego en Gaza iniciado el 10 de octubre.
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