En el marco de sus iniciativas diplomáticas, Irán, Rusia y China han mandado hoy viernes una carta conjunta al director general de la AIEA, Rafael Grossi, anunciando la conclusión de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) a partir del 18 de octubre.
El vicecanciller de Irán para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Qaribabadi, ha declarado que los embajadores y representantes permanentes de los tres países ante la AIEA participaron en el envío de la misiva.
En ella, se califica como ilegal la activación del mecanismo de “snapback” por parte de tres países europeos y se subraya que todas las disposiciones de la resolución 2231 han quedado sin efecto desde la fecha indicada.
La carta también aborda la supervisión y verificación de las actividades nucleares en Irán en el marco del Plan de Acción Conjunto Integral (JCPOA), aclarando que estas funciones continuarán de acuerdo con la resolución del Consejo de Gobernadores de la AIEA de diciembre de 2015.
Según Qaribabadi, un párrafo de dicha resolución establecía que la supervisión debía mantenerse en la agenda de la Agencia por diez años o hasta que el director general publique un informe consolidado sobre Irán, prevaleciendo la fecha que ocurra primero.
El viceministro precisó que, en consecuencia, el ítem correspondiente en la agenda de la AIEA se eliminará automáticamente a partir del 18 de octubre, sin necesidad de acciones adicionales.
El 18 de octubre de 2025, diez años después de la adopción de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), dicha resolución expiró y con ella todas las medidas restantes de la ONU y de la Unión Europea contra Irán.
El 28 de septiembre, el CSNU restableció las sanciones contra Irán. La decisión se produjo casi dos días después de que Estados Unidos y sus aliados vetaran, como era previsible, un proyecto de resolución presentado por China y Rusia, cuyo objetivo era retrasar la activación del mecanismo de ‘snapback’ o ‘reinicio rápido’.
Teherán rechaza la medida, calificándola de ilegítima, y afirma que se basa en la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015, así como en la decisión de los países europeos de alinearse con sanciones ilegales en lugar de cumplir sus obligaciones derivadas del pacto.
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