La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido este jueves a la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Interior que, en colaboración con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), realice las gestiones necesarias ante las autoridades competentes de Suiza con el objetivo de determinar la viabilidad de dicha detención, posibilitándose de este modo la extradición del cesado mandatario de la Generalitat y de la también exconsejera Meritxell Serret.
El Ministerio Público español se ha planteado este movimiento tras el anuncio de Puigdemont y de Serret de realizar un viaje el próximo domingo a Ginebra para acudir al Festival de Cine de Derechos Humanos y a un acto del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU).
La Fiscalía busca detener al fugado político catalán para llevarle ante la Justicia española por la declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña del resto de España en forma de República producida en el Parlamento regional el pasado octubre.
(Carles Puigdemont) puede pronunciar libremente discursos políticos bajo el respeto al ordenamiento jurídico suizo”, señala el Ministerio suizo de Exteriores en un comunicado emitido tras conocerse el viaje del expresidente catalán a este país europeo.
Lo más rocambolesca de esta historia reside en que las leyes suizas no contemplan la extradición de ciudadanos extranjeros cuando las solicitudes obedecen a motivaciones políticas, ya que Puigdemnot fue cesado de su cargo por la iniciativa del Gobierno central, presidido por Mariano Rajoy, de poner en práctica el artículo 155 de la Constitución permitiendo la intervención de la Generalitat de esta comunidad autónoma en el noroeste de España.
Puigdemont “puede pronunciar libremente discursos políticos bajo el respeto al ordenamiento jurídico suizo”, señaló el Ministerio suizo de Exteriores en un comunicado emitido ayer miércoles tras conocerse la intención del viaje del exfuncionario catalán.
Otro episodio similar se produjo a mediados de enero — sin llegar a consumarse—, cuando Puigdemont viajó a Dinamarca exponiéndose a que se reactivará la orden de detención en su contra por el proceso abierto de rebelión, sedición y malversación de fondos cursada por la Fiscalía española.
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