Según ha informado este sábado el diario El País, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el gestor Javier Fernández "han fijado el perímetro" —en palabras del portavoz socialista, Antonio Hernando— para acotar qué no debe revisarse, lo pidan Podemos o los independentistas, en la reforma de la Constitución que estudiará una subcomisión del Congreso.
Son tres las cuestiones cuasi sagradas, a saber: la unidad de España del artículo 2, el derecho de autodeterminación y la monarquía. Nada se apunta de qué puede suponer eso de tercera vía de salida para el pleito hispano-catalán.
Rajoy ha insistido siempre en que deben ponerse límites a una hipotética reforma constitucional y que, de abordarse, hay que tener muy claro, de partida, qué se quiere cambiar y hasta dónde se quiere llegar. Es el argumentario oficial del Ejecutivo y del Partido Popular (PP) y la tesis que defendió la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en su reciente comparecencia parlamentaria para explicar los grandes planes para esta legislatura.
A esta tesis se ha sumado en los últimos días el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a través del presidente de la gestora, Javier Fernández, y de Hernando. Fernández ha mantenido conversaciones discretas sobre los límites de esas posibles modificaciones también con Rajoy, conforme a fuentes conocedoras de las mismas.
Ambos dirigentes han coincidido también en que ese proyecto de reforma deberá ser “prudente” si al final se aborda, y empezar por el apartado territorial sin tocar de ninguna manera su artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
También están de acuerdo en que no es eficaz crear la subcomisión que aborde los cambios, y mucho menos convocar la ponencia constitucional, si antes no hay una definición de los aspectos que no se rebasarán.
Ni Rajoy ni Fernández ni Santamaría ni Hernando acordaron ningún plazo de tiempo ni una fórmula concreta. Pero el PSOE no tiene previsto abordar ese proceso o pedir la creación de la ponencia antes de enero de 2017, que es inhábil parlamentariamente y que el Gobierno quiere destinar al debate en la conferencia de presidentes autonómicos.
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