Lo que hay que hacer son reformas fiscales que defiendan a los trabajadores y no que los persigan fiscalmente como hace Rajoy mientras amnistía fiscalmente a los grandes defraudadores.
“Lo que hay que hacer son reformas fiscales que defiendan a los trabajadores y no que los persigan fiscalmente como hace Rajoy mientras amnistía fiscalmente a los grandes defraudadores”, dijo Sánchez el viernes en un acto electoral de su partido en Gandía, en el Levante español.
Frente a la política del gubernamental Partido Popular (PP), y al grave aumento de la desigualdad social que ha propiciado, Sánchez reclamó “que aquellos que nunca fueron austeros empiecen a ser austeros y los que siempre han sido austeros por necesidad dejen de serlo tanto”.
El perdón a decenas de miles de defraudadores, anunciado por Rajoy a los tres meses de hacerse con el Gobierno español, ha sido objeto de duras críticas por parte de la oposición española, especialmente desde que se conoció la investigación del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y antiguo vicepresidente español popular Rodrigo Rato.
En su intervención en Gandía, Sánchez instrumentalizó además la crisis humanitaria que atraviesa Grecia para cargar contra Podemos, asimilando la amnistía fiscal de Rajoy a la anunciada en marzo por el Gobierno de la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA, en griego).
Sánchez retomaba así contra Podemos argumentos del PP, que rechazó el miércoles como “ejercicio de demagogia” la secretaria general del partido liderado por Pablo Iglesias en Andalucía (sur de España), Teresa Rodríguez, criticando que se compare “una amnistía que plantea gravar al 20% –la de Grecia– con la de Montoro (Cristóbal, el ministro de Finanzas español), que se quedó al 3%”.
Rodríguez diferenció entre la amnistía griega, que “sólo afecta a la fuga de capitales que ha habido, no con el Gobierno de Syriza, sino desde que empezó la crisis” de “la de Montoro, que planteaba incluso que se pudiera incluir dinero en metálico, que puede venir de cualquier negocio ilegal, y que beneficiaba a los amigos del gobierno como Rato”.
También, se mostró muy crítico con la estrategia del Gobierno español para justificar su amnistía fiscal el coordinador federal de la coalición Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, que el miércoles subrayó en el Congreso de los Diputados la “durísima” situación que atraviesa Grecia.
Lara cifró en 80 000 millones de euros el fraude fiscal en España y censuró que el Gobierno del PP no haya sido capaz recaudar, aun con su “premio a los defraudadores”, más del 13 % de esa suma.
En febrero, la Agencia Tributaria española dio a conocer que estaba investigando por posible blanqueo de capitales a 705 personas que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012.
Desde entonces, la gravísima extensión de la corrupción en la clase política española ha dado pie a numerosas elucubraciones sobre cuántos de esos investigados ocupan u ocuparon cargos públicos.
Pese a las protestas públicas y a las reclamaciones de todos los partidos de oposición, el Gobierno español se ha negado hasta ahora a desvelar los nombres de la lista.
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