Congresistas piden a militares ignorar órdenes ilegales de Trump

De acuerdo con un reporte la cadena estadounidense CNN, los senadores difundieron un video en la red X en el que advierten que la amenaza contra la Constitución estadounidense “ahora proviene desde dentro del propio país”. En su mensaje, subrayaron que “ningún militar ni funcionario está obligado a acatar órdenes que violen la ley o la Constitución” y aseguraron que respaldarán a quienes se nieguen a ejecutarlas.

La reacción republicana no se hizo esperar. La senadora Marsha Blackburn calificó el video de “inimaginable” y afirmó que los legisladores no deberían decir a los militares, quienes han jurado lealtad, que desobedezcan órdenes. Por su parte, el senador Lindsey Graham exigió que los demócratas presenten “un ejemplo concreto de una orden ilegal emitida por Trump o sus subordinados”.

Se informó, además, que Pete Hegseth, el secretario de Defensa de EE.UU., despidió este año a los principales asesores legales del Ejército y la Fuerza Aérea, señalándolos como “posibles obstáculos para la ejecución de órdenes del comandante en jefe”.

Trump propone pena de muerte

En otra parte, Trump, ha ofrecido este jueves imponer la pena de muerte a los legisladores demócratas que instaron a los miembros de las Fuerzas Armadas a desobedecer cualquier orden “ilegal” emitida por las autoridades.

“Esto es sedición en el más alto nivel. Cada uno de estos traidores a nuestra patria debe ser arrestado y juzgado. No podemos permitir que sus palabras queden impunes; perderemos el país. Hay que dar ejemplo”, ha declarado el mandatario.

Trump ha insistido en que se trata de una “conducta sediciosa, castigable con la pena de muerte”, y ha calificado la situación de “realmente grave y peligrosa para nuestro país”. Sus declaraciones fueron difundidas a través de varios mensajes publicados en su perfil de la red social Truth Social.

El video se difundió en medio de la polémica por operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado al menos 83 muertos. La legalidad de estas acciones ha sido cuestionada incluso por el comandante del Mando Sur estadounidense y por aliados de Washington, como Reino Unido.

El gobierno de Trump sostiene que las operaciones se realizan contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, aunque hasta ahora no ha presentado pruebas que respalden la afirmación. Por su parte, Caracas califica estas acciones como “una agresión armada para imponer un cambio de régimen” y advierte que el objetivo es “apoderarse del petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales” del país.

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Además, la administración enfrenta múltiples desafíos legales por el uso de fuerzas militares dentro de ciudades estadounidenses, lo que ha generado un creciente debate sobre la autoridad y los límites del poder militar en territorio nacional.

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